La industria de los hoteles en España está en pie de guerra ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, una normativa que, a partir del 2 de diciembre, obligará a los establecimientos a registrar y gestionar una gran cantidad de datos de sus clientes.
Los hoteles preparan una ofensiva judicial contra el Decreto 933
Al igual que las agencias de viajes, el sector de los hoteles “afila cuchillos” para la batalla judicial por la previsible entrada en vigor del Decreto 933.
Esta disposición ha sido recibida con preocupación y rechazo por parte del sector, que considera que esta medida es "excesiva e invasiva", además de "perjudicial para la actividad turística", según Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), en declaraciones en el diario Cinco Días.
El nuevo decreto, que exige tanto a hoteles, como a agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recoger datos (como el número de teléfono móvil, el correo electrónico y el precio de la estancia) que podrían ser difíciles de obtener. Especialmente cuando las reservas son gestionadas por intermediarios digitales.
Los profesionales del sector señalan que estas exigencias violan la normativa de protección de datos al requerir información privada y sensible que los propios establecimientos no suelen manejar directamente.
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A pesar de las conversaciones con las autoridades, las asociaciones hoteleras consideran que no se ha logrado un consenso adecuado y ya preparan medidas legales para frenar el decreto. Su principal argumento se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera que el tratamiento masivo de datos personales, tal y como lo plantea el decreto, contraviene las normativas de la Unión Europea sobre protección de la privacidad.
El turismo podría verse afectado por el Decreto, según Cehat
Estalella argumenta también que el uso de un decreto ley para implementar esta normativa es ilegal, ya que afecta derechos fundamentales, y que debería haberse tramitado como ley orgánica.
Desde el sector advierten que esta regulación podría generar un impacto negativo en la competitividad de España como destino turístico. Los hoteleros prevén un incremento en la carga administrativa y una mayor inseguridad jurídica para los establecimientos, lo cual, temen, podría disuadir a potenciales turistas de escoger España.
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