Vueling se niega a rectificar y rompe con CEAV

Por Borja Cameselle

No hay vuelta atrás. Vueling y CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes) rompen todo tipo de colaboración después de que la aerolínea española anunciara que subirá precios a intermediarios como las agencias de viajes y canales NDC/API.

En un comunicado de prensa, CEAV asegura que en la reunión urgente de este martes con Charlotte Dumesnil, Directora de ventas de Vueling, la compañía se negó a replantearse esta medida o aplazarla para poder ver posibles soluciones. Por ello, el sector considera la decisión “como un ataque frontal y total a su principal canal de comercialización y a sus clientes”.

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CEAV rompe con @Vueling por posicionarse como proveedor hostil a las #agenciasdeviajes al aplicar un incremento en el importe de todas las tarifas distribuidas a través de su web de agencias y de los canales NDC/APIhttps://t.co/srbfVzuVlp
— CEAV (@CEAV_AAVV) February 22, 2023

“CEAV va a proponer en su próximo Consejo Directivo, que tendrá lugar el día 1 de marzo, la ruptura de las relaciones institucionales con Vueling, ya que considera que se ha posicionado como un proveedor hostil hacia las agencias”, explica la confederación en una nota de prensa.

Por su parte, CEAV propondrá la contratación de un despacho de abogados que estudiará las posibles acciones legales que se puedan iniciar, “muy especialmente ante la Comisión Nacional de la Competencia, para que este tribunal decida si la medida es conforme a derecho”, matizan desde la patronal.

Ibiza o Menorca, rutas muy afectadas por la decisión de Vueling

De hecho, esa vía judicial se fundamenta en buena parte por las rutas afectadas, como Ibiza o Menorca, en las que la compañía tiene posición de dominio. Con esa subida de precios a las AAVV, se deja en condiciones inferiores a los usuarios provenientes desde ese sector en todos sus canales de ventas.

Una decisión que, asegura CEAV, se elevará al Fondo para la Defensa y Representatividad de las Agencias de Viajes creada a finales del 2020, “cuyo fin principal es disponer de una mejor defensa jurídica de los intereses colectivos del sector al disponer de unos recursos mayores con los que hacer frente a los costes que suponen tales actuaciones”.