El Gobierno del Principado de Asturias quiere activar antes de que acabe 2026 un marco legal para que pueda cobrarse una tasa turística, aunque serán los concejos los que decidan si la aplican o no. La vicepresidenta Gimena Llamedo ha confirmado que el trabajo para diseñarla empezará “en unas semanas” y que se abrirá un proceso de diálogo con ayuntamientos y sector.
Asturias implantará también una tasa turística en 2026
El gobierno regional tiene la “voluntad” de aprobar la tasa turística antes de que acabe el año, aunque los concejos decidirán si la aplican o no.
Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.
La hoja de ruta parte de una idea clave: la tasa no sería autonómica y automática, sino voluntaria y municipal, a petición de cada ayuntamiento. El Ejecutivo sostiene que se limitaría a habilitar “el paraguas” jurídico para que los consistorios puedan decidir si cobran o no ese recargo ligado a las pernoctaciones.
La tasa turística, elemento clave en la negociación presupuestaria del Principado
El anuncio llega, además, en un momento políticamente sensible, porque la tasa figura en los compromisos asociados a la negociación presupuestaria del Principado para 2026. Según estas informaciones, el calendario para impulsar la medida fue una de las condiciones vinculadas al apoyo de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé a las cuentas regionales, lo que ha acelerado el debate.
En paralelo, la iniciativa amenaza con tensar la relación entre el Gobierno asturiano y la patronal de hostelería y hoteles (Otea), que rechaza frontalmente el gravamen y lo presenta como un “impuesto a las vacaciones”. La primera reunión institucional entre Llamedo y el nuevo presidente de Otea, Javier Martínez, se celebró en un clima de normalidad, pero la tasa no figuró en el orden del día pese a su peso creciente en la agenda del sector.
Asturias "negociará" la tasa turística y su encaje en cada concejo
El Ejecutivo intenta rebajar el choque insistiendo en que el diseño final se negociará y que se “escuchará” a los agentes implicados para alcanzar acuerdos. En esa línea, el Principado ya venía trabajando desde meses atrás con un estudio técnico-jurídico para definir fórmulas de implantación y encaje competencial. (Volotea conectará Asturias con Madrid)
La discusión de fondo es doble: por un lado, el Gobierno defiende que la tasa puede aportar recursos para sostener servicios públicos en picos de afluencia y gestionar impactos en destinos concretos; por otro, parte del sector teme perder competitividad frente a comunidades vecinas sin recargos. Al convertirla en optativa por concejos, el Principado busca evitar un “café para todos” y concentrar la herramienta en municipios con mayor presión turística, aunque persisten dudas sobre cómo se aplicaría en la práctica y qué modelo concreto se propondrá.
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