La regulación del alquiler vacacional ha pasado de ser un debate urbanístico a convertirse en una batalla constitucional. La Junta de Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que busca crear un registro estatal único para las viviendas turísticas.
Guerra de competencias por las viviendas turísticas: Andalucía lleva al Supremo el registro estatal
La Junta de Andalucía ha decidido judicializar el conflicto por el control de las VUT. ¿Invasión de competencias o necesidad de control nacional?
Pisos turísticos en Sevilla (Andalucía).
El argumento es nítido: el turismo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y el Estado, según Sevilla, se está extralimitando.
El conflicto: la autonomía de Andalucía frente a centralización
El Gobierno de España, impulsado por las directrices de la Unión Europea, busca centralizar la información de todas las VUT en una plataforma única que otorgue un número de registro nacional. El objetivo es que plataformas como Airbnb o Booking no puedan publicar anuncios que no tengan este código.
¿Cuál es la postura de Andalucía? El ejecutivo andaluz sostiene que ya disponen de sus propios registros y herramientas de inspección. Consideran que la medida estatal es una "invasión competencial" que añade burocracia innecesaria y resta eficacia a la gestión local, que es la que mejor conoce el territorio.
A su vez, Madrid defiende que, sin un registro centralizado y coordinado, es imposible cumplir con el reglamento europeo de transparencia y lucha contra la ilegalidad a gran escala.
¿Qué significa esto para el hotelero y el agente de viajes?
Para el profesional del sector, este recurso al Supremo no es solo un trámite administrativo; es un factor de inestabilidad operativa.
Mientras el Supremo decide, el sector se enfrenta a una normativa que podría ser anulada. Esto genera dudas en los propietarios a la hora de dar de alta nuevas unidades y en los hoteleros que reclaman una regulación firme e inmediata.
Asimismo, si los registros no están unificados, la trazabilidad de la oferta ilegal se complica: para las agencias de viajes, esto significa seguir navegando en un mercado donde verificar la legalidad de un piso turístico depende de 17 normativas regionales diferentes en lugar de una ventanilla única.
De esta manera, la UE exige que para 2026 los datos de alquiler de corto plazo sean transparentes. Este litigio judicial podría retrasar la integración de España en el sistema europeo, afectando la imagen de control del destino. (Piden incentivar la inversión de viviendas turísticas en Sevilla)
El impacto en el "corazón" del turismo español
Andalucía es la comunidad con mayor volumen de VUT en España. Lo que se decida en este recurso marcará el camino para otras regiones como Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana, que observan el proceso con atención.
Si el Supremo da la razón a Andalucía, el plan del Gobierno central para "ordenar" el sector desde Madrid quedaría herido de muerte.
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