El pleno del Parlamento de Islas Canarias aprobó este miércoles la ley que regulará las viviendas turísticas en las islas, una norma que busca frenar la expansión descontrolada de este tipo de alojamiento, evitar la gentrificación y garantizar el acceso a la vivienda de los residentes.
Islas Canarias pone límite a las viviendas turísticas: claves de la nueva ley
El objetivo es garantizar el acceso a la vivienda a los residentes, por lo que los ayuntamientos decidirán en qué zonas pueden implantar viviendas turísticas.
Una vivienda turística en Canarias.
La ley salió adelante sin contar con el apoyo del PSOE, Nueva Canarias (NC) y Vox, que critican su orientación y falta de diálogo.
El texto legal establece que el uso turístico de una vivienda no es residencial, sino una actividad económica, por lo que solo podrá autorizarse si el planeamiento urbanístico municipal lo permite. Los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de decidir en qué zonas se pueden implantar estas viviendas, basándose en criterios de sostenibilidad, equilibrio territorial y capacidad de carga.
El 80% del suelo residencial deberá destinarse a vivienda habitual, porcentaje que se eleva al 90 % en zonas turísticas o con alta presión inmobiliaria. En las llamadas “islas verdes” (La Palma, La Gomera y El Hierro), los municipios podrán flexibilizar esta norma para estimular el desarrollo local.
¿Qué dice la ley de viviendas turísticas en Baleares?
- La ley prohíbe el uso turístico en viviendas protegidas (VPO), suelos rústicos o áreas naturales protegidas, salvo justificación ambiental.
- También introduce un requisito de antigüedad mínima para impedir que se construyan viviendas nuevas directamente destinadas al turismo. En los llamados mercados tensionados, donde los precios se han disparado, se suspenderá la concesión de nuevas licencias
- Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha declarado ninguna zona tensionada, aunque varios ayuntamientos lo han pedido, como Las Palmas de Gran Canaria.
- Los propietarios actuales de viviendas vacacionales ya inscritas no pierden su autorización, pero las nuevas solicitudes dependerán del planeamiento municipal y no se podrán registrar nuevas viviendas turísticas si el municipio no lo permite.
Reacciones del Gobierno y la oposición
La consejera de Turismo, Jessica de León (PP), reconoció que ha sido una ley “muy complicada de tramitar” y “difícil de interiorizar, explicar y de gestionar el plazo de las enmiendas”, pero defendió que el texto busca proteger el interés general frente al crecimiento sin control.
Por su parte, los partidos que sustentan al Ejecutivo (Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera) destacan que la norma pone límites razonables para evitar que el turismo residencial desplace a los residentes y encarezca aún más la vivienda. (Gabriel Escarrer critica la legalización de 100.000 viviendas turísticas en Baleares)
En cambio, la oposición lamentó la ausencia total de consenso: el PSOE y NC denunciaron que no se aceptó ninguna de sus enmiendas. El socialista Gustavo Santana criticó que no se suspendieran las licencias durante la tramitación, lo que, según sus datos, ha permitido que se incorporaran 32.000 nuevas viviendas vacacionales en 20 meses. También reprochó que no se haya limitado el número de propiedades turísticas por persona, lo que, a su juicio, favorece a los grandes tenedores.
Esther González (NC) acusó al Gobierno de legislar a favor de “los de siempre”, en detrimento de los pequeños propietarios que alquilan su vivienda principal para llegar a fin de mes. Según ella, la ley “entrega las llaves del futuro de Canarias a cuatro empresarios”.
Vox, por su parte, pidió la retirada completa del texto por considerar que “no soluciona nada y empeora todo”, al penalizar a los pequeños propietarios y pasar por alto la okupación.
La ley de viviendas turísticas es un debate que divide a Canarias.
Un debate que divide a Canarias
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha sido especialmente crítica. Afirma que la ley expulsará del mercado a miles de propietarios y provocará la “práctica erradicación” del sector. En contraste, el Gobierno regional sostiene que el texto no prohíbe, sino que ordena, y deja margen a los municipios para decidir.
Por su parte, Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha defendido la norma señalando que “regular no es prohibir, es ordenar y poner límites para que vivir en Canarias no sea un privilegio reservado a quienes usan la vivienda para especular”
"Mientras algunas personas claman que la nueva ley arruinará a miles de familias, se olvidan, interesadamente, de las muchas más que ni siquiera pueden alquilar un techo donde vivir, porque los precios superan los ingresos familiares", comenta.
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