El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha asestado un nuevo golpe regulatorio al modelo de los pisos turísticos al rechazar las medidas cautelares solicitadas por Airbnb y obligar a la compañía a abonar la sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por mantener pisos turísticos ilegales en su plataforma, y la Justicia lo ampara.
La resolución judicial, conocida este lunes, marca un punto de inflexión en la ofensiva institucional contra las irregularidades en este segmento del alojamiento.
El auto del tribunal desestima la petición de la plataforma de suspender el pago hasta que exista una sentencia firme, lo que implica que Airbnb deberá hacer frente a la multa de forma inmediata, aunque mantiene abierta la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante la misma instancia. Este movimiento limita la estrategia dilatoria habitual en este tipo de litigios y refuerza la capacidad ejecutiva de la Administración en materia de consumo.
Más de 65.000 alojamientos irregulares en Airbnb, según Consumo
La sanción tiene su origen en una investigación iniciada en 2024 y culminada en diciembre de 2025, en la que el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy detectó infracciones en un total de 65.122 anuncios publicados en la plataforma. Estas irregularidades fueron consideradas prácticas comerciales desleales, al afectar directamente a los derechos de los consumidores y al cumplimiento de las normativas autonómicas en materia de vivienda turística. (Airbnb pierde 65.000 anuncios tras la confirmación del TSJM)
Entre las principales infracciones identificadas figuran la publicación de alojamientos sin licencia, el uso de números de registro falsos o incorrectos y la ausencia de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones. Este conjunto de prácticas fue calificado por Consumo como publicidad engañosa, al dificultar que el usuario identifique si contrata con un particular o con un operador profesional.
La cuantía de la multa (64,05 millones de euros) no es arbitraria. Según el Ministerio, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que los anuncios irregulares permanecieron activos, desde el primer apercibimiento hasta su retirada definitiva en julio de 2025. Este criterio sancionador busca disuadir comportamientos reiterados en plataformas digitales de gran escala, según defiende el Ministerio.
Airbnb no colaboró con Consumo, según el ministerio
Además de la sanción principal, el expediente incluye multas adicionales por valor de 75.000 euros vinculadas a incumplimientos de obligaciones en contratos a distancia, falta de colaboración con la inspección y desobediencia a medidas provisionales dictadas por la Administración. Estos elementos refuerzan la tesis del regulador sobre una conducta continuada de resistencia durante el proceso sancionador.
El caso se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para contener el impacto del alquiler turístico en el mercado residencial. En paralelo a la sanción, el Gobierno ha impulsado herramientas como el Registro Único de Alquileres, que obliga a identificar las viviendas destinadas a uso turístico y ha derivado en la retirada de decenas de miles de anuncios irregulares en distintas plataformas.
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