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Airbnb pierde 65.000 anuncios tras la confirmación del TSJM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado por segunda vez las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que obligaban a Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos que no cumplían la normativa vigente.

La última decisión afecta a 34.728 publicaciones que no incluían número de licencia ni especificaban la naturaleza del arrendador, según informa El País.

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La última decisión afecta a 34.728 publicaciones de Airbnb que no incluían número de licencia

La última decisión afecta a 34.728 publicaciones de Airbnb que no incluían número de licencia

Esta resolución judicial rechaza el recurso presentado por Airbnb contra las medidas cautelares dictadas por la Dirección General de Consumo. En mayo, el mismo tribunal ya había denegado un primer recurso relativo a otra tanda de anuncios, consolidando el criterio favorable a las actuaciones administrativas. (Airbnb refuerza la retirada de pisos turísticos ilegales en Murcia)

Alcance total de las medidas

En total, el Ministerio ha instado a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones distintas:

  • Primera resolución: 5.800 anuncios.

  • Segunda resolución: más de 34.000 anuncios ahora confirmados por el TSJM.

  • Tercera resolución: cerca de 15.000 anuncios que no fueron recurridos por Airbnb.

Tras recibir estas resoluciones y la primera validación judicial, la compañía eliminó en julio todos los anuncios señalados.

Motivos de la sanción de pisos turísticos

El Ministerio argumenta que los anuncios eran ilegales porque omitían el número de registro o no indicaban si el arrendador era particular o empresa. También se detectaron casos en los que se incluían números de licencia falsos, lo que podía inducir a error a los consumidores.

Desde Consumo destacan que "la falta de información sobre la condición de los arrendadores es esencial para garantizar la protección de los clientes". Además, el departamento mantiene abierto un expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos que se habrían hecho pasar por particulares para eludir obligaciones legales, como la atención al cliente o mejorar su posicionamiento en el mercado.

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