El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto este lunes una multa de 64 millones de euros a Airbnb. La sanción, la más elevada dictada hasta ahora contra una plataforma del sector, responde a la presencia en su web de decenas de miles de anuncios de pisos turísticos que no cumplían con la normativa vigente sobre viviendas de uso turístico.
Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por mantener pisos turísticos ilegales en su plataforma.
Según la resolución administrativa, más de 65.000 anuncios detectados carecían de licencia o incluían códigos que no se correspondían con los registros oficiales de las comunidades autónomas. Para el Ministerio, esta práctica genera una imagen de aparente legalidad que puede inducir a error a los viajeros, que reservan estancias sin disponer de información completa y veraz sobre la situación del alojamiento.
Consumo quiere evitar que el incumplimiento de la norma le salga más rentable a Airbnb que la multa
La actuación de Consumo no se limita al aspecto económico. Además de la multa, la plataforma deberá retirar o regularizar los anuncios afectados y hacer pública la sanción, una medida que busca "reforzar el carácter disuasorio del expediente", según el Ministerio.
El objetivo, subrayan desde la administración, es evitar que el incumplimiento de la normativa resulte más rentable que su cumplimiento. (Airbnb pierde 65.000 anuncios tras la confirmación del TSJM)
La cuantía impuesta se ha calculado tomando como referencia el beneficio obtenido por la empresa durante el tiempo en que los anuncios irregulares permanecieron activos, multiplicado por seis, al considerarse una infracción grave. Entre las conductas sancionadas figura también la falta de transparencia sobre la identidad jurídica de los anfitriones, un dato clave para que los consumidores conozcan sus derechos y las vías de reclamación disponibles.
Consumo señala que Airbnb ha mostrado "escasa colaboración"
El expediente recoge asimismo la escasa colaboración de la plataforma durante la investigación y el incumplimiento de medidas provisionales dictadas para frenar los posibles perjuicios a los usuarios. A juicio de Consumo, la continuidad de parte de los anuncios pese a los requerimientos administrativos ha sido determinante para endurecer la respuesta sancionadora.
La organización de consumidores FACUA ya ha celebrado la sanción, que califica de “histórica. Advierten de que "las autoridades autonómicas de protección al consumidor deberían tomar nota y empezar a actuar de una vez con contundencia ante fraudes inmobiliarios como estos”.
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