Acave y UNAV manifiestan su malestar con el Ministerio del Interior porque, tras la reunión del pasado 11 de enero sobre el Real Decreto 933/2021, el Gobierno sigue sin dar respuesta a las principales dudas planteadas por las dos asociaciones ante la complejidad que supone cumplir con el nuevo deber impuesto de información.
En una encuesta realizada entre los miembros de ACAVe, el 20% manifestó que ha tenido que contratar personal extra para realizar estas gestiones, y un 27% dijo que no se podía permitir contratar más personal, y que la gestión le restaba horas de atención al cliente y esto acababa repercutiendo en la calidad del servicio.
En concreto, las patronales habían preguntado sobre la aplicación de esta nueva normativa a determinados tipos de reservas, las cuales continúan sin respuesta, ya que el comunicado emitido por parte del Ministerio la pasada semana genera todavía más dudas sobre la aplicación de la normativa.
En un documento de respuesta a las Preguntas frecuentes emitido la pasada semana, que no tiene carácter vinculante, el Ministerio afirma que deben proporcionarse datos sobre el tipo, denominación y dirección del establecimiento, sin especificar qué información debe proporcionarse en el caso de las empresas de alquiler de vehículos.
Tampoco se especifica qué hay que hacer en el caso de viajes escolares, contingentes, viajes corporativos y en reservas realizadas a través de bancos de cama o mayoristas. Además, también se explica que deben darse los datos de la persona que reserva, sin aclarar si lo que se pide son los datos de la persona que solicita la reserva o los de la persona que disfrutará del servicio, ya sea un alojamiento o la reserva de un vehículo.
Acave y Unav reiteran la confusión generada
ACAVe y UNAV consideran que la falta de claridad en estas respuestas añade confusión a la obligatoriedad de proporcionar los datos personales de los viajeros y aumenta la dificultad de la gestión, continuando las agencias de viajes en una situación de inseguridad jurídica.
Ambas asociaciones siguen manteniendo que el Real Decreto atribuye a las agencias de viajes una obligación que no les corresponde, pues éstas son solamente intermediarias, no prestadoras de servicios.
En relación, ACAVe y UNAV recuerdan que la Ley Orgánica 4/2015, de la cual emana este Real Decreto, sólo se refiere a las empresas de hospedaje y de transporte, siendo totalmente desproporcionado que el Gobierno español haya realizado una definición extensiva de estos sectores, incluyendo así a las agencias de viajes, cuando éstas no prestan ni el servicio de hospedaje ni el de alquiler de vehículos.
Invasión de la privacidad de los clientes
Otro factor que preocupa a las agencias de viajes es la invasión de la privacidad que supone esta normativa puesto que se exigen datos tan sensibles como los relativos a métodos de pago de cada operación.
Estos datos tendrán que trasladarse con relación a cualquier reserva que se realice en un alojamiento español o en relación a cualquier reserva de vehículo a motor que se realice en España. Esta preocupación se ha extendido también en las agencias de viajes y turoperadores europeos y la patronal europea de agencias de viajes y turoperadores ECTAA, de la cual ACAVe es miembro, ha elevado una consulta a la Comisión Europea sobre la adecuación o no de esta normativa a la normativa europea de protección de datos.
Aumento en la contratación del personal para gestionar el cumplimiento del Real Decreto
En una encuesta realizada entre los miembros de ACAVe, el 20% manifestó que ha tenido que contratar personal extra para realizar estas gestiones, y un 27% dijo que no se podía permitir contratar más personal, y que la gestión le restaba horas de atención al cliente y esto acababa repercutiendo en la calidad del servicio.
El 53% restante no había podido valorar el impacto de la medida, pues los constantes problemas y errores técnicos de la plataforma se lo ha impedido. Y es que, además, las patronales de agencias de viajes denuncian también que la plataforma Ses.
Asimismo, ACAVe y UNAV lamentan que esta normativa se haya aprobado sin contar con la opinión de las agencias de viajes y desconociendo la operativa real del sector, y piden que se exima a las agencias de viajes de la obligación de registro y comunicación de datos.
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