La batalla de Barcelona contra los alquileres turísticos: ¿defensa ciudadana o cruzada anti-hospedaje?

Se trata de uno de los episodios más relevantes en la lucha contra el turismo irregular en la ciudad.

Las autoridades municipales apuntan a una red que gestionaba 43 pisos convertidos en 74 alojamientos turísticos, muchos de ellos sin la licencia que exige la normativa local.

Según inspectores y vecinos, los responsables han optado por deshacerse de algunas de sus propiedades tras recibir multas millonarias y alertas fiscales. En ciertos inmuebles, incluso habrían revertido reformas internas para bajar la tensión social.

El caso estalló cuando el Consistorio impuso una sanción de 600.000 euros, la más alta aplicada hasta ahora por vulnerar la legislación de vivienda turística catalana. Esa multa fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al exigir una fianza de 660.000 euros para su ejecución. De no presentarse ese aval, el Ayuntamiento amenaza con ejecutar el embargo.

Persistencia ilegal pese al control

Aun con las desinversiones, no todo el entramado se desmantela. Según fuentes municipales, la red seguiría operando en algunos edificios clave, especialmente junto al Mercado de Santa Caterina. En esos bloques se han impuesto hasta 59 sanciones de 10.000 euros por alquileres irregulares, lo que indica que la operación ilegal no ha cesado por completo.

El Ayuntamiento no solo sanciona, sino que también ha lanzado una estrategia comunicativa para involucrar a ciudadanos y turistas: en el segundo semestre de 2025 distribuyó más de 10.000 carteles informativos en puntos estratégicos de la ciudad (Ciutat Vella, L’Eixample, Gràcia, Sant Martí y Sants-Montjuïc), alertando sobre la ilegalidad de muchos pisos turísticos.

Además, puso a disposición una herramienta online (“Buscador HUT”) para verificar si un piso turístico está registrado legalmente. (Caen un 2,5% las reservas de pisos turísticos en Barcelona por "la mala prensa")

Desde 2016, el municipio ha impuesto más de 11.500 multas y 11.600 órdenes de cese, lo cual ha permitido reducir la proliferación de anuncios ilegales a una media de 300 por mes. También se han convertido casi 3.900 viviendas ilegales en residencias permanentes, lo que representa un esfuerzo por revertir la gentrificación impulsada por el turismo especulativo.

Convivencia en Barcelona en tensión: vecinos, economía y derechos

Uno de los grandes desafíos es la percepción ciudadana: según una encuesta turística de 2024, el 63,7% de los barceloneses afirma que las viviendas turísticas causan molestias en su vecindario, mientras un cuarto de la población cree que hay demasiados alojamientos de este tipo en su barrio.

Además, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido revisar casi 400 licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella, sospechando que muchas se otorgaron de forma irregular o incluso con documentación falsificada.

Paralelamente, algunos propietarios recurren a instancias europeas: aseguran que revocar licencias constituye una expropiación encubierta y han presentado demandas millonarias frente a tribunales nacionales y europeos.

El dilema: ¿turismo o vivienda?

La ofensiva del Ayuntamiento encarna un conflicto estructural: frenar el turismo descontrolado sin sacrificar la actividad económica que genera, especialmente en un sector pulsado entre la legalidad y el negocio especulativo. Mientras algunos pisos ilegales vienen a redefinir la calle con más visitantes y menos viviendas asequibles, sus responsables se aferran a estrategias legales y societarias para proteger sus inversiones.

Lo que está en juego no es solo la regulación del turismo, sino la identidad de Barcelona como ciudad vivible: la pregunta es si el modelo turístico puede coexistir con el derecho a la vivienda o si debe redefinirse para evitar que el crecimiento turístico termine por expulsar a quienes llaman a la ciudad su hogar. (Pisos turísticos: claves del registro único explicadas por registradores de la propiedad)