Europa ha aprobado una nueva legislación que introduce exigencias sobre cómo las empresas comunican sus compromisos ambientales para evitar el greenwashing. Y más allá del marketing, es una "oportunidad para comprobar que lo que decimos al consumidor se corresponde con nuestra realidad", según explica Mayte Redondo, experta y consultora en sostenibilidad a Ladevi. (Turismo sostenible: así es la nueva ley europea que penaliza el "greenwashing")
Nueva ley contra el greenwashing en Europa: ¿cómo afecta a tu empresa turística?
La Directiva EmpCo de la UE introduce nuevas exigencias sobre cómo las empresas comunican sus compromisos ambientales: estas son las claves.
La Unión Europea pone en marcha la ley comunitaria contra el greenwashing.
En pocas palabras
- Nueva ley UE: La Directiva EmpCo regulará la comunicación de compromisos ambientales empresariales contra el greenwashing desde septiembre de 2026.
- Afectación turística: Incluye alojamientos, transporte, agencias y turoperadores, y se extiende a empresas fuera de la UE que operen en el mercado europeo.
- Sanciones: El incumplimiento puede acarrear multas de hasta el 4% de la facturación anual, especialmente en infracciones con dimensión europea.
Resumen generado por Thinkindot AI
La Directiva EmpCo de la Unión Europea (2024/825, Empowering Consumers for the Green Transition), será aplicable a partir del 27 de septiembre de 2026. Aunque tendrá especial relevancia para el turismo, no es exclusiva de este sector: afecta a las prácticas comerciales dirigidas a consumidores y también puede alcanzar a empresas de fuera de la UE que se dirijan al mercado europeo.
¿A quién afecta esta normativa de turismo sostenible?
La norma afecta de forma transversal a las prácticas comerciales dirigidas a consumidores y, por tanto, tendrá implicaciones para buena parte de la cadena turística: alojamientos, compañías de transporte, agencias de viajes, turoperadores, cruceros o empresas de actividades, entre otras. Su alcance puede extenderse además a compañías establecidas fuera de la Unión Europea cuando comercialicen sus productos o servicios entre consumidores comunitarios.
Uno de los principales cambios estará en el uso de afirmaciones ambientales genéricas. Conceptos habituales en la comercialización turística como “turismo sostenible”, “ecológico”, “verde” o expresiones equivalentes dejarán de poder emplearse como simples reclamos si la empresa no dispone de información suficiente para justificar lo que está prometiendo al cliente, según explica Travel2Care People and Planet, parte del Tech Tourism Cluster.
El control no se limitará al texto. Fotografías, símbolos, denominaciones comerciales o recursos gráficos capaces de transmitir al consumidor la idea de un menor impacto ambiental también entran dentro del ámbito de las nuevas exigencias. Para el sector, esto supone revisar no solo las descripciones de producto, sino también páginas web, folletos, campañas publicitarias, redes sociales y newsletters. (Turismo sostenible: el viajero "eco" gasta un 34% más (178 euros por día))
La nueva norma europea contra el Greenwashing aplicará sellos de sostenibilidad y multas de hasta el 4% de la facturación
La Directiva introduce igualmente mayores garantías alrededor de los sellos de sostenibilidad. Los distintivos ambientales deberán estar vinculados a sistemas de certificación adecuados o haber sido establecidos por autoridades públicas, con criterios transparentes y mecanismos de verificación independientes. El cambio busca diferenciar las acreditaciones sometidas a controles reales de aquellas etiquetas creadas sin suficiente respaldo.
Especialmente sensible será la utilización de mensajes relacionados con la neutralidad climática. Las empresas no podrán presentar un producto o servicio como neutro, reducido o positivo para el medio ambiente cuando esa consideración se base únicamente en mecanismos de compensación de emisiones, una práctica que ha ganado presencia en determinados productos turísticos y de transporte.
El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. En determinados casos de infracciones generalizadas o con dimensión europea, el marco regulatorio exige que los Estados contemplen sanciones que puedan alcanzar, como mínimo, el 4% de la facturación anual obtenida por el comerciante en los mercados afectados, de acuerdo con la legislación nacional que desarrolle estas obligaciones.
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