El macroconcurso para centralizar los viajes de la Administración General del Estado, valorado en 990 millones de euros, queda en suspenso. Así lo ha dictaminado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ha decidido frenar cautelarmente el procedimiento.
Suspendido el contrato de viajes del Estado por los recursos de las agencias
El Tribunal Administrativo detiene el concurso, valorado en casi 1.000M de euros, tras las denuncias de GEBTA, IAG7 y Nautalia.
Edificio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en Madrid, quien ha paralizado el concurso de viajes del Estado.
El órgano revisará ahora si el diseño del acuerdo marco vulnera elementos esenciales de la Ley de Contratos del Sector Público, una cuestión que ha sido puesta sobre la mesa por Gebta, asociación que representa a las principales agencias de viajes corporativas, y a la que se han adherido IAG7 Viajes y Nautalia.
Las asociaciones recurrentes sostienen que la configuración del contrato plantea problemas de calado, desde el encaje jurídico del servicio hasta el reparto de riesgos entre la Administración y los adjudicatarios.
El planteamiento, según argumentan, deja de lado la esencia de la intermediación turística y limita la capacidad de las agencias para operar en un entorno marcado por oscilaciones constantes de precios y disponibilidad.
El concurso impone a las agencias de viajes unas obligaciones "impropias de un contrato de servicios"
El sistema tarifario y de cupos es uno de los elementos que ha provocado mayor malestar. El modelo propuesto imponía precios y condiciones fijos durante toda la vigencia del acuerdo, además de un régimen de penalizaciones que podría comprometer la viabilidad operativa de los adjudicatarios.
Según el sector, estas cláusulas trasladan a las agencias un nivel de obligaciones impropio de un contrato de servicios y más próximo a un suministro con riesgos cerrados.
Algo que parece evidente teniendo en cuenta que, al cierre del plazo para presentar solicitudes, no se registró ninguna oferta para ninguno de los dos lotes del concurso. El órgano de contratación propuso declarar desierta la licitación, aunque esa decisión queda ahora en pausa mientras el TACRC analiza el fondo del recurso presentado por las tres entidades, que persiguen la anulación de los pliegos.
Mientras se resuelve el litigio, la Administración seguirá operando con el acuerdo marco vigente, prorrogado hasta abril de 2026.
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