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Renfe prevé perder más de un millón de plazas por la apertura de talleres a Iryo

La operadora pública alerta de recortes en corredores clave y calcula un impacto económico superior a 60 millones de euros anuales.

La compañía pública estima que la obligación de permitir a Iryo realizar mantenimiento pesado en instalaciones como las de La Sagra o Valladolid podría traducirse en una pérdida de más de un millón de plazas anuales, además de importantes recortes de frecuencias en varios corredores estratégicos de la red ferroviaria española.

Según publica la Cadena SER, la decisión del regulador, que Renfe ya ha recurrido ante la Audiencia Nacional, obligaría a la operadora pública a reorganizar parte de su capacidad industrial para dejar espacio a los trenes de Iryo, participada por la italiana Trenitalia.

Según la empresa, esta situación "afectaría tanto a servicios comerciales como a rutas sujetas a Obligación de Servicio Público (OSP)".

Madrid-Barcelona perdería cerca del 10% de la oferta diaria

Entre los corredores con mayor impacto figura la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Renfe calcula que la menor disponibilidad de trenes de la serie 103 provocaría la supresión de unas 1.100 circulaciones anuales y la pérdida de más de 450.000 plazas.

En términos operativos, esto supondría retirar alrededor de seis frecuencias diarias, cerca del 10% de la oferta actual en uno de los trayectos ferroviarios con mayor demanda del país. (Iryo aumenta sus ingresos y resiste la bajada de viajeros)

La compañía también prevé consecuencias relevantes en otros servicios operados con trenes de las series 120 y 121, utilizados en conexiones del Eje Atlántico, Huelva y País Vasco. En estos corredores podrían eliminarse más de 3.300 circulaciones al año, además de reducirse hasta 800.000 plazas.

El escenario afectaría igualmente a los servicios Avant entre Madrid y Valladolid , donde Renfe contempla la posibilidad de eliminar varios trayectos diarios o reducir capacidad en horas punta mediante la retirada de composiciones dobles.

El mantenimiento pesado, en el centro de la disputa

El origen del enfrentamiento está en la interpretación del acceso a los talleres ferroviarios. La legislación obliga a Renfe a permitir a otros operadores el uso de sus instalaciones para tareas de mantenimiento ligero, pero el desacuerdo se centra ahora en el denominado mantenimiento pesado, que incluye intervenciones complejas y revisiones que requieren desmontar parte de los trenes o mantenerlos fuera de servicio durante varios días.

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Uno de los trenes de Iryo.

Uno de los trenes de Iryo.

La CNMC considera que Iryo debe poder acceder a estas instalaciones porque, de lo contrario, tendría que desplazar sus trenes Frecciarossa a Italia para realizar determinadas operaciones técnicas. Según el regulador, esto implicaría "largos periodos de inmovilización de la flota y mayores costes operativos".

Renfe, sin embargo, sostiene que sus talleres ya trabajan con una elevada carga de actividad y que la entrada de nuevos operadores obligaría a desplazar parte de sus propios trenes de mantenimiento programado. La compañía advierte de que retrasar determinadas revisiones obligatorias podría acabar provocando la inmovilización de convoyes por motivos de seguridad.

Más de 60 millones de impacto económico

La operadora cifra en 60,8M€ anuales el impacto económico de esta medida, una cantidad derivada de la reducción de ingresos por la pérdida de plazas y frecuencias, además de los costes asociados a la reorganización de talleres y recursos humanos.

Renfe también alerta de que la situación podría agravarse por la falta de alternativas técnicas en España capaces de absorber este volumen de mantenimiento pesado.

Según la compañía, a diferencia de otros países europeos como Francia o Italia, "el sistema ferroviario español dispone de menos capacidad industrial disponible fuera de sus instalaciones principales".

Además, la empresa recuerda que algunos talleres ya han tenido que reorganizar su actividad en los últimos meses debido a incidencias técnicas y accidentes registrados en la red ferroviaria, lo que habría incrementado todavía más la presión sobre las instalaciones de mantenimiento.

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