El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido que los trenes de alta velocidad deberán operar al 73% de su capacidad habitual durante la huelga ferroviaria convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Así lo recoge una resolución de la Secretaría de Estado del departamento.
Transportes fija servicios mínimos del 73% en los trenes alta velocidad por la huelga ferroviaria
El Ministerio de Transportes establece servicios mínimos elevados en alta velocidad y Cercanías durante los paros previstos entre el 9 y el 11 de febrero.
Trenes de Renfe.
En el caso de los servicios de Media Distancia, los servicios mínimos se han fijado en el 65%, mientras que en el transporte de Mercancías el porcentaje será del 21%. (Los sindicatos paralizan el transporte en tren con tres días de huelga total)
Diferencias en Cercanías según franjas horarias
Para los trenes de Cercanías, Transportes ha optado por un sistema variable en función del momento del día. En horas punta, los servicios mínimos alcanzarán el 75%, mientras que en el resto de la jornada se reducirán al 50%.
Estas cifras se aplican con carácter general en todo el territorio nacional, aunque existen excepciones en comunidades con competencias transferidas.
Cataluña y País Vasco, con criterios propios
En Cataluña, el Govern ha fijado unos servicios mínimos distintos: el 66% en horas punta tanto en Cercanías como en trenes regionales, y el 33% en horas valle. En el País Vasco, por el momento, no se han concretado los porcentajes que se aplicarán durante los días de huelga.
Críticas sindicales a los porcentajes fijados
Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) han mostrado su rechazo a la resolución ministerial, al considerar que los porcentajes establecidos son “abusivos” y que, en la práctica, se asemejan más a servicios máximos que mínimos.
La huelga responde a un total de siete convocatorias promovidas por distintos sindicatos del sector ferroviario, entre ellos el Comité General de Empresa de Renfe y el propio Semaf.
A los paros también se han sumado organizaciones como CCOO, UGT, SFF-CGT, SF-I y Alferro, que advierten de que el impacto podría extenderse más allá de la operadora pública.
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