La Comisión de la Unión Europea mantiene bajo revisión el desarrollo del Real Decreto 933/2021, norma que obliga a la cesión de datos de viajeros y que ha generado una fuerte oposición por parte de las agencias de viajes.
Agencias de viajes: la Unión Europea sigue de cerca el RD 933 de Marlaska
Las agencias de viajes, representadas por ACAVE y ECTAA, exigen al Gobierno la Orden Ministerial del Real Decreto 933 movilizándose ante la Unión Europea.
Representantes de ACAVE y de las agencias europeas.
En respuesta a las gestiones realizadas por la patronal europea ECTAA (de la que forma parte ACAVE en representación de las agencias españolas), la Dirección General de Justicia y Consumidores ha comunicado que aguardará a la publicación de la Orden Ministerial que debe concretar la aplicación del decreto antes de decidir los próximos pasos.
El Ejecutivo comunitario ha mantenido varios encuentros con el Gobierno español entre febrero y marzo de 2025, mientras que ECTAA y ACAVE han trasladado a eurodiputados y responsables de Bruselas los riesgos que, a su juicio, conlleva la norma en materia de protección de datos y seguridad. Según la Comisión, el Real Decreto aún no está del todo definido, y el texto de la Orden Ministerial sigue en fase de borrador.
La patronal ACAVE, insiste: las agencias de viajes deberían estar fuera del decreto
Uno de los puntos más controvertidos se encuentra en el alcance de la recogida de información. La base legal invocada se sitúa en el artículo 45 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que únicamente contempla la obligación para los establecimientos de hospedaje.
Las asociaciones del sector consideran que la inclusión de las agencias de viajes en este procedimiento excede lo previsto por la normativa europea y por la Ley de Seguridad Ciudadana española, a la que además no están sujetas. (Real Decreto 933: los abogados alertan de que Interior ya está sancionando)
Desde enero, cuando finalizó el plazo para presentar alegaciones al borrador de la Orden Ministerial, no se han producido avances. “Las empresas se ven obligadas a aplicar una normativa incompleta, con numerosas lagunas y de imposible ejecución”, denunció Catiana Tur, gerente de ACAVE.
En la misma línea, el secretario general de ECTAA, Éric Dressin, recordó que la organización trabaja con las instituciones europeas para garantizar que la normativa se ajuste a la legalidad comunitaria. “Nuestra prioridad es asegurar que la información que se recopile de los viajeros sea proporcionada y respete sus derechos y su seguridad”, afirmó.
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