La plataforma de alquiler de pisos turísticos más usada del mundo, Airbnb, ha anunciado esta semana que colaborará con el Ministerio de Vivienda en la aplicación del registro estatal de viviendas de alquiler. Se trata de una decisión que pone fin a meses de fricción entre ambas partes y sienta las bases para una "supervisión más eficaz del mercado de alquiler de corta duración en España", según dice la compañía en un comunicado.
Airbnb anuncia que "colaborará" con el Gobierno para mejorar el registro único
La aplicación Airbnb, líder en reservas de pisos turísticos, cambia de estrategia: abandona la confrontación con el Gobierno y colaborará con el registro único.
Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por mantener pisos turísticos ilegales en su plataforma.
El entendimiento, alcanzado esta semana, prevé que a partir de agosto de 2025 la compañía remita mensualmente al Ministerio toda la información relativa a sus anuncios activos, incluidos los registros autonómicos y el nuevo número de registro estatal obligatorio. Esta medida busca "facilitar el control sobre la legalidad de los alojamientos" y adaptarse a la normativa aprobada el pasado mes de julio, que regula el funcionamiento de la Ventanilla Única Digital del sector.
¿Qué cambios se compromete a realizar Airbnb para colaborar con el Gobierno?
Como parte del acuerdo, Airbnb introducirá en su plataforma dos campos diferenciados para que los anfitriones puedan registrar tanto el código autonómico como el estatal, reforzando así la trazabilidad de cada alojamiento. Además, la empresa asumirá un papel activo en la retirada de los anuncios que no cumplan con los requisitos legales. En estos casos, los anfitriones recibirán un preaviso y dispondrán de diez días hábiles para regularizar su situación. En caso de que la irregularidad proceda de una revocación administrativa, el anuncio será eliminado en un máximo de 48 horas. (Los pisos turísticos denuncian el colapso del registro único del Gobierno)
La nueva actitud de la empresa supone un giro frente a la etapa anterior, marcada por los desencuentros y las advertencias del Gobierno. En los últimos meses, el Ministerio había identificado más de 65.000 alojamientos que operaban al margen de la normativa en comunidades como Madrid, Cataluña, Valencia, Euskadi, Andalucía o Baleares.
Más transparencia en el negocio de los pisos turísticos
El sistema nacional de registro, pionero en la Unión Europea, tiene como objetivos combatir el alquiler ilegal, reducir el impacto de la oferta turística sobre el mercado residencial y mejorar el control fiscal. El marco legal responde también a las exigencias de transparencia de la nueva regulación europea sobre servicios digitales. (Solo la mitad de los pisos turísticos han logrado registrarse antes del plazo límite)
Desde la compañía, su director general en España, Jaime Rodríguez de Santiago, ha señalado que esta nueva etapa refleja un compromiso claro con la legalidad y la sostenibilidad del modelo turístico. “Queremos trabajar con las instituciones para que el alquiler turístico beneficie tanto a los anfitriones como a las comunidades”, ha afirmado.
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