La sentencia del Tribunal Supremo que anula el Registro Único de Arrendamientos de corta duración ha abierto un nuevo escenario de tensión jurídica y económica para el sector de los pisos turísticos. (Guerra abierta entre Baleares y la UE por el límite a los pisos turísticos)
El Supremo tumba el Registro Único de pisos turísticos y FEVITUR estudia reclamar 160M€ al Estado
La patronal del alquiler vacacional denuncia que el sistema bloqueó viviendas legales y convirtió a los registradores en un “cuello de botella” para operar.
Edificio destinado a pisos turísticos en el centro de Mallorca, en Baleares.
FEVITUR considera que la resolución desmonta el modelo estatal impulsado por el Gobierno y estudia ya posibles reclamaciones patrimoniales frente al Estado que podrían alcanzar los 160M€.
La patronal sostiene que el sistema regulado a través del Real Decreto 1312/2024 generó graves perjuicios económicos para miles de propietarios de viviendas turísticas legales, al convertir el número de registro estatal en un requisito imprescindible para comercializar alojamientos en plataformas digitales.
FEVITUR cifra en 33.000€ el impacto medio por propietario afectado
Según las estimaciones manejadas por FEVITUR, las incidencias derivadas del registro estatal provocaron pérdidas medias cercanas a los 33.000 € por propietario afectado.
Entre los principales perjuicios señalados por la patronal figuran la pérdida de reservas, retrasos administrativos, inseguridad operativa y barreras para comercializar viviendas ya registradas y autorizadas a nivel autonómico.
La organización sostiene además que el sistema trasladó a los Registradores de la Propiedad funciones que iban mucho más allá de la mera identificación administrativa, condicionando en la práctica la actividad económica de miles de operadores turísticos.
“El Supremo desmonta una arquitectura jurídica frágil”
La presidenta de FEVITUR y de APTURCV, Silvia Blasco, aseguró que la sentencia confirma las advertencias que el sector venía realizando desde hace meses.
“No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico: hablamos de miles de familias y empresas que, cumpliendo toda la normativa autonómica, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Supremo acaba de tumbar”, afirmó.
Blasco destacó además el papel de la Generalitat Valenciana y de la consellera de Turismo, Marian Cano, cuya implicación considera clave para impulsar el recurso judicial.
El Supremo rechaza la recentralización del control turístico
La sentencia considera que el Estado carecía de competencias para diseñar un registro administrativo de estas características, al tratarse de una actividad vinculada principalmente a competencias autonómicas.
Para el sector, el problema nunca estuvo en la transparencia o en el intercambio de datos exigido por Europa, sino en la creación de una “arquitectura estatal expansiva” que superponía controles sobre registros autonómicos ya existentes.
“Regular no es duplicar, coordinar no es intervenir y armonizar no es recentralizar”, defendió Silvia Blasco.
La presidenta de FEVITUR considera que la decisión judicial “cierra una etapa de sobrerregulación” y obliga ahora a rediseñar un modelo más interoperable y respetuoso con la seguridad jurídica y el reparto competencial.
El intercambio de datos con Europa seguirá vigente
Pese a la anulación del Registro Único, el Tribunal Supremo mantiene vigente la Ventanilla Única Digital y el intercambio de información entre administraciones y plataformas digitales para cumplir con el Reglamento Europeo 2024/1028.
Esto implica que continuarán activos tanto los registros autonómicos turísticos como las obligaciones de colaboración e intercambio de datos vinculadas a las plataformas digitales.
En este contexto, FEVITUR ya ha comenzado a recopilar documentación y casos concretos de operadores afectados con el objetivo de cuantificar los daños y valorar futuras reclamaciones patrimoniales frente al Estado.
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