La 'okupación' de hoteles y complejos turísticos ha saltado a la agenda mediática tras varios episodios registrados en distintas zonas de España.
Hoteles con okupas: ¿miedo infundado o una preocupación real?
Casos recientes en Almería y Tenerife reavivan el debate sobre la seguridad y la protección de los hoteles frente a ocupaciones indebidas de turistas en España.
Alerta por ocupación en hoteles y alojamientos turísticos
Aunque los expertos y patronales advierten de que no se trata de un fenómeno generalizado, sí reconocen que existen vacíos legales que dificultan la gestión de estos casos.
Un apartamento de vacaciones convertido en problema judicial
Uno de los casos más sonados ocurrió en un complejo turístico de Vera, Almería, donde una familia que había alquilado un apartamento se negó a abandonar el alojamiento al finalizar la estancia, alegando sentirse estafada.
Desde el primer momento rehusaron el servicio de limpieza, cubrieron las ventanas con periódicos y, llegada la fecha de salida, alegaron sentirse “estafados” para no abandonar el alojamiento. (La IA dispara las estafas en cancelaciones de hoteles y pone en alerta al sector turístico)
La entonces directora del establecimiento, Esperanza Nieto, explicó en declaraciones recogidas por El Confidencial que, tras consultar con su abogado, descubrió que "el desalojo solo podía producirse a través de un proceso judicial". La situación se prolongó durante tres semanas hasta que los huéspedes se marcharon de madrugada, dejando daños materiales. La empresa optó por no demandar, ya que el coste del procedimiento superaba al de las reparaciones.
Un macrohotel tomado en Adeje (Tenerife)
Un caso aún más complejo se vive en el Grand Hotel Callao, en Adeje (Tenerife). El establecimiento de cuatro estrellas fue ocupado en febrero por un grupo que forzó los sistemas de seguridad.
En pocos días, el recinto se llenó de familias, muchas de ellas inmigrantes sin recursos, que "llegaron a pagar hasta 3.000€ a mafias por una habitación".
La propietaria, Margarita Domínguez, denunció gastos de hasta 30.000€ mensuales en impuestos y suministros mientras el proceso judicial se prolonga. “Lo que no puede ser es que los empresarios tengamos que asumir una competencia que corresponde al Gobierno”, declaró a El País, en alusión a la falta de recursos públicos para dar alternativa habitacional a estas personas.
Limitaciones legales y retos operativos
Uno de los principales problemas es la lentitud de los procedimientos de desalojo. Los hoteles, al ser considerados grandes tenedores, deben tramitar desahucios individuales para cada habitación ocupada. Esta situación se complica en zonas turísticas saturadas de casos, donde la administración judicial no puede responder con rapidez. (Alojamiento: las reservas hoteleras en España crecen un 1,5% en verano)
Para protegerse, muchos establecimientos exigen tarjeta de crédito al realizar reservas, lo que permite cubrir posibles daños. Sin embargo, este sistema no siempre resulta suficiente: tarjetas sin fondos o límites alcanzados pueden dejar al hotel sin cobertura real frente a daños o impagos.
Los últimos casos han mostrado cómo la 'okupación' se cruza con problemas sociales, como la falta de viviendas económicas. Algunos casos son de impagos o resistencia a irse, mientras que otros son ocupaciones largas, con familias viviendo en condiciones muy precarias dentro de los hoteles.
Reacciones del sector y medidas preventivas
Las patronales hoteleras insisten en que la ocupación masiva sigue siendo minoritaria, pero subrayan la necesidad de mayor seguridad jurídica para los establecimientos.
Al mismo tiempo, exigen mecanismos que permitan desalojar a los ocupantes sin necesidad de procesos judiciales extensos, especialmente en situaciones donde se registran daños materiales o riesgos para la seguridad de otros huéspedes.
El sector analiza también medidas preventivas, como sistemas de verificación de identidad más estrictos o seguros que cubran daños en habitaciones, pero advierte que ninguna acción es completamente infalible frente a las ocupaciones. La falta de legislación clara convierte cada caso en un reto particular, con impacto económico y reputacional.
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