Un año y medio después de que la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) rompiesen relaciones, las dos principales patronales de las agencias de viajes en España se unen, junto a FETAVE y ACAVE, en contra del dolor de cabeza más grande que tiene el sector actualmente: el Real Decreto 933, que rige el registro de viajeros.
Jose Luis Méndez, presidente de UNAV, y Carlos Garrido, presidente de CEAV.
En un comunicado conjunto, las principales patronales denuncia que esta norma, que obligará a comunicar en cada viaje realizado por España no sólo los datos del alojamiento y del alquiler de vehículos, sino también de los métodos de pago y otros datos personales de cada cliente.
"Si no se excluye a las agencias de viajes del Real Decreto, será necesaria la publicación de una Orden Ministerial que limite su aplicación”, señalan las patronales en el comunicado.
“(El Ministerio del Interior) debe excluir de la obligación de comunicación a los viajes corporativos, el MICE y los grupos, supuestos donde se ha demostrado de imposible cumplimiento del deber de comunicación. (…) ACAVe, CEAV, FETAVE y UNAV, teniendo en cuenta que el actual plazo de adaptación del Real Decreto finaliza el próximo 1 de octubre, han solicitado también la ampliación de este plazo hasta que se apruebe la citada Orden Ministerial y hasta que se solventen los problemas técnicos que continúa dando la plataforma de registro habilitada por el Ministerio”, subrayan las agencias.
El Ministerio del Interior rechaza más ampliaciones: el Decreto entrará en vigor en octubre
Hay que recordar que Interior se ha comprometido a estudiar las alegaciones presentadas por las patronales, pero descarta nuevas ampliaciones de plazo, lo que deja al sector “abocado al caos”.
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Esto se debe a que las agencias “no disponen de los medios, ni técnicos ni de personal, para cumplir esta norma”, según todas las patronales: “La mayoría de las agencias de viajes son pymes que deberán ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales exclusivamente dedicados a esta función, lo cual exige una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas”.
Además, al problema de que la norma va en contra de la legislación de pagos, según las agencias, también hay preocupación por la “falta de protección hacia los datos de los clientes al considerar que el Real Decreto no se ajusta a la normativa vigente de protección de datos, no cumpliendo con el principio de minimización de datos (recogida, conservación y momento de la obligación de comunicación)”.
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