El Ministerio de Consumo de España ha iniciado esta semana un expediente sancionador contra la plataforma de alquiler turístico Airbnb por incumplir la normativa española al publicitar pisos turísticos sin la licencia obligatoria.
Aplicación de Airbnb.
Esta acción se produce tras meses de advertencias por parte del ministerio y después de que la empresa ignorara un requerimiento formal para retirar miles de anuncios de viviendas no reguladas.
El caso se remonta al pasado mes de junio, cuando el Ministerio de Consumo solicitó a varias plataformas, incluida Airbnb, información sobre los alojamientos ofertados en sus portales. Posteriormente, se identificaron miles de anuncios que incumplían la normativa al carecer del número de licencia obligatorio.
Consumo envió un requerimiento formal a la plataforma para que retirara dichos anuncios, pero esta decisión no fue acatada, lo que ha motivado la apertura del expediente.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha subrayado la necesidad de poner fin a la "situación de alegalidad" que ha imperado en el sector del alquiler turístico. Según Bustinduy, estas prácticas no solo incumplen la ley, sino que también generan un desequilibrio en el mercado y pueden suponer un riesgo para los consumidores.
Posibles sanciones y repercusiones a Airbnb
El expediente abierto contempla sanciones económicas que podrían alcanzar los 100.000 euros, en caso de considerarse infracciones graves. Además, según la normativa vigente, la multa podría multiplicarse hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.
La investigación realizada por el ministerio ha identificado que los anuncios en cuestión están distribuidos por diversas comunidades autónomas, afectando a un elevado número de usuarios. Además, se ha señalado que la promoción de estos alojamientos sin licencia constituye una práctica comercial desleal, ya que priva a los consumidores de información clave y podría inducirles a tomar decisiones de compra basadas en datos incorrectos o incompletos.
Por su parte, Airbnb aún no se ha pronunciado sobre el expediente sancionador, pero esta situación podría tener repercusiones significativas para la plataforma, especialmente si otras administraciones deciden seguir los pasos del ministerio y reforzar el control sobre los anuncios en sus territorios.
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