La lucha de Baleares contra el alquiler vacacional avanza de manera decidida con la publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) del nuevo decreto de simplificación administrativa, que otorga mayores herramientas a consells y ayuntamientos para combatir a uno de los culpables de la masificación del destino.
Las herramientas tecnológicas pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de una experiencia de alquiler fluida tanto para los propietarios como para los inquilinos.
Según informa el portal Última Hora, la normativa, que modifica leyes de los últimos 40 años, da alas a que los inspectores puedan clausurar las viviendas turísticas que operen al margen de la legalidad.
Asimismo, el Govern avanza en una enmienda para dar potestad a la Policía en el control de la oferta irregular y para que también pueda precintar los pisos.
Baleares agiliza la clausura de los pisos turísticos ilegales
Esta medida es considerada inviable por los partidos de la oposición. El PSIB cree que es un "despropósito", y opina que sólo un juez puede ordenar la clausura de una vivienda vacacional. No obstante, el vicepresidente, Antoni Costa, defiende que "no supone que haya más descontrol, sino todo lo contrario".
Continuando con la normativa, regulará la llegada de nuevos chiringuitos: aquellos que se abran en la zona de servidumbre sí serán autorizados, pero los que estén en áreas donde el ejecutivo no tiene competencias, no serán legalizados. También se toca la construcción de vivienda, con el objetivo de beneficiar a los trabajadores de las islas.
De igual manera, se considerará el Paseo Marítimo de Palma y la zona de Cala Major como zonas maduras. En total, el decreto afecta hasta a 46 leyes, entre ellas la de Conservación de la Naturaleza, la ley de estudio de impacto ambiental, la de educación, la de residuos, la de carreteras, la de suelo rústico, puertos y la ley agraria.
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