España ordena a Airbnb retirar 66.000 anuncios ilegales de alquiler vacacional turístico

El requerimiento fue dirigido a la sede europea de la compañía, ubicada en Irlanda, y forma parte de un proceso iniciado meses atrás, durante el cual la Dirección General de Consumo remitió tres resoluciones a la plataforma exigiendo el bloqueo de anuncios que no cumplen con los requisitos legales.

Fallo judicial a favor del Gobierno de España

El conflicto escaló hasta la Justicia, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón al Gobierno y desestimó el recurso presentado por Airbnb contra una de las resoluciones iniciales.

Ese primer expediente abarcaba 5.800 anuncios de propiedades ubicadas en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Madrid y País Vasco.

El fallo judicial avala el argumento del Ministerio de Consumo, que sostiene que los anuncios vulneran tanto la normativa sobre publicidad de alojamientos turísticos como las leyes propias de las Comunidades Autónomas.

¿Qué se considera un anuncio ilegal?

Entre las irregularidades más comunes detectadas por las autoridades se encuentran:

• Ausencia del número de licencia turística, obligatorio en muchas regiones.

• Falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador, es decir, si es particular o empresa.

• Inexistencia de servicio de atención al cliente, obligatorio en caso de operadores profesionales.

• Licencias falsas o con errores deliberados en los datos.

Desde el Gobierno se advierte que el derecho a la información de los consumidores debe estar garantizado, en especial para quienes eligen contratar con particulares y no con grandes tenedores.

Airbnb y un precedente político y judicial

El ministro Pablo Bustinduy celebró la resolución judicial como una “clara victoria para quienes luchan por proteger el derecho a la vivienda” y subrayó que el fallo demuestra que “ninguna empresa está por encima de la ley”.

Además, envió un mensaje directo a los gobiernos regionales opositores: “Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda”, declaró ante los medios, en alusión a las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Un nuevo capítulo en la regulación del alquiler vacacional turístico

Esta decisión se suma al endurecimiento de las normativas locales que buscan poner freno a la oferta ilegal de alojamientos turísticos en ciudades saturadas y con serios problemas habitacionales, como Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca.

Airbnb, por su parte, aún no ha emitido una declaración oficial tras la desestimación de su recurso. La compañía podría optar por apelar, aunque el fallo del TSJM establece un precedente judicial sólido en favor del control público sobre el sector.