El Ayuntamiento de Málaga ha decidido poner freno a la expansión de viviendas turísticas con una moratoria de tres años que impedirá la concesión de nuevas licencias en este ámbito. La medida, que se aprobará en la Junta de Gobierno Local este jueves, busca reorientar el modelo de crecimiento turístico de la ciudad y priorizar proyectos vinculados a la calidad y a la excelencia.
Málaga pone trabas a los pisos turísticos y potencia las licencias de hoteles 5 estrellas
Málaga ha prohibido las licencias de pisos turísticos durante los próximos tres años y fomentará la construcción de hoteles de lujo para "elevar el gasto".
Una de las habitaciones del Catalonia Hotels Málaga (Andalucía).
El alcalde, Francisco de la Torre, ha defendido esta iniciativa como un paso necesario para atraer a un visitante de mayor poder adquisitivo, capaz de prolongar su estancia y generar un mayor gasto en destino. “No queremos crecer en cantidad ilimitadamente, pero sí en excelencia ilimitadamente”, subrayó el regidor.
Los hoteles de lujo tendrán "facilidades" en Málaga
Paralelamente, el consistorio pretende agilizar los trámites urbanísticos que faciliten la implantación de hoteles de cinco estrellas, considerados estratégicos para el posicionamiento internacional de Málaga. Los de cuatro estrellas también mantendrán un papel relevante, especialmente en el segmento de congresos y eventos, un sector en el que la ciudad aspira a ganar competitividad frente a destinos como Sevilla.
El auge de los pisos turísticos en los últimos años, favorecido por la escasez de suelo hotelero en el centro histórico, ha generado tensiones en el mercado residencial y en la calidad de vida vecinal. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pretende dar respuesta a este desafío, equilibrando los usos turísticos y residenciales y abordando de forma paralela necesidades de vivienda, movilidad y servicios urbanos. (Hoteles: Catalonia abrirá su segundo alojamiento en Málaga)
El gobierno local defiende que la moratoria es una medida transitoria que permitirá redefinir la política urbanística y turística en un marco de mayor equilibrio. Sin embargo, la decisión ha suscitado debate en la ciudad: mientras algunos colectivos la valoran como un paso imprescindible para proteger el tejido social, otros advierten de que puede limitar las oportunidades en el mercado de alojamientos alternativos.
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