El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado este jueves expedientes sancionadores contra cuatro empresas de gestión de pisos turísticos en España por presuntas prácticas comerciales engañosas. La Dirección General de Consumo ha detectado irregularidades en la promoción de alojamientos, señalando que algunas compañías estarían proporcionando información falsa o confusa a los usuarios.
Pisos turísticos: el Gobierno sancionará a cuatro gestoras de alquileres turísticos
El Ministerio de Consumo de España abre expediente sancionador a estas gestoras de pisos turísticos por presuntas “prácticas engañosas”.
Pablo Bustinduy, ministro de derechos sociales del Gobierno de España.
Según el Ministerio, las empresas investigadas podrían estar presentando sus alojamientos como gestionados por particulares cuando, en realidad, pertenecen a sociedades mercantiles. Esta estrategia, considerada una infracción de la Ley de Competencia Desleal, podría inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza del servicio contratado.
En concreto, el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal tipifica como práctica ilícita cualquier acción que distorsione el comportamiento económico de los usuarios mediante engaño o fraude, mientras que el Artículo 27 sanciona la falsa apariencia de profesionalidad o la ocultación de la verdadera identidad comercial de una empresa.
Posibles sanciones de hasta 100.000 euros por parte del Gobierno
El Ministerio ha advertido que estas acciones pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros, una cifra que podría incrementarse hasta seis veces el beneficio obtenido mediante estas prácticas ilegales. No obstante, la apertura de los expedientes no implica una resolución definitiva, ya que las empresas aún pueden presentar alegaciones durante la instrucción del proceso.
La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando la Administración solicitó información a varias plataformas de alquiler turístico que operan en España. Aunque el Ministerio no ha revelado los nombres de las compañías afectadas, ha asegurado que seguirá vigilando de cerca las prácticas comerciales del sector para proteger los derechos de los consumidores.
Esta actuación se suma a otras recientes en el ámbito del alquiler vacacional, como el expediente sancionador abierto contra Airbnb por la publicación de anuncios considerados publicidad ilícita.
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