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Airbnb: Escocia aprueba nuevas restricciones a los pisos turísticos

El gobierno de Escocia anuncia una nueva legislación que obliga a los pisos turísticos a pagar una licencia de 90 euros por operar en la aplicación.

Escocia aprobó esta semana una nueva ley que regula los pisos turísticos de Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional. La nueva legislación obliga a todos los alojamientos a pedir una licencia que cuesta unos 90 euros más un importe adicional por cada unidad de alquiler.

Y las autoridades del país advierten: la falta de solicitud de esta licencia se sancionará con carácter penal, una medida sin precedentes en este ámbito. La medida, según la administración escocesa, busca controlar el impacto de los pisos turísticos en el mercado inmobiliario y garantizar que los alojamientos cumplan con las normativas locales.

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Aplicación de Airbnb en un apartamento turístico en Europa.

Aplicación de Airbnb en un apartamento turístico en Europa.

No es la única limitación de la norma: el gobierno escocés impone también nuevos requisitos de seguridad como la recopilación de datos de huéspedes o la responsabilidad del propietario por determinadas acciones durante su estancia. Todo ello fue lo que despertó la indignación estos últimos meses de los propietarios, que califican de desproporcionados estos nuevos requisitos.

Adicionalmente, la norma exige la presentación de la licencia de obras originales. Específicamente en Edimburgo, esta medida complica la situación, ya que muchos edificios antiguos carecen de tales permisos.

La regulación de los Airbnb, motivo de trifulca política en Escocia

De hecho, la norma es ya un motivo de debate nacional, ya que las autoridades municipales (de la oposición política nacional) se mostró en desacuerdo con el enfoque del gobierno central (en manos de los nacionalistas escoceses), y ya advierten: no aprobarán solicitudes de licencias retrospectivas, lo que podría derivar en el cierre de numerosos establecimientos.

Y es que la implementación de la ley queda delegada a los municipios, por lo que las 32 autoridades locales serán las que deban establecer sus propias interpretaciones y condiciones, lo que podría generar desconcierto entre los propietarios.

De hecho, ciertas jurisdicciones están solicitando antecedentes penales de los propietarios, o incluso requerimientos como la presentación de documentos de embajadas para huéspedes extranjeros, mientras que otras ni se plantean ejecutar la norma.

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