Baleares pide multar a Airbnb si publica pisos ilegales

Aplicación de Airbnb.

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Baleares da un paso más para reducir el alcance de Airbnb y otras plataformas similares de alquileres de pisos vacacionales que publiquen inmuebles ilegales:el gobierno de la comunidad autónoma de baleares, desde la consejería de Turismo, y la de Hacienda y Relaciones Exteriores, pedirán este martes ante la Unión Europea en Bruselas redoblar las exigencias a estas plataformas digitales para evitar competencia desleal en el sector.

Ambas consejerías confirmaron que solicitarán a la directora europea de Turismo y Digitalización de Mercado Interior, Valentina Superti, para ahondar en el nuevo reglamento que apruebe el Parlamento Europeo, en el cual las plataformas sólo puedan anunciar alquileres que tengan números de licencia inscritos en los registros oficiales, de manera que no se puedan publicitar alquileres ilegales.

Más sanciones a Airbnb: "No es nada exagerado"

Sin embargo, no todos los pisos que están publicados en webs de este estilo cuentan con los papales en regla, por lo que pide que las denuncias y castigos a estos pisos, a sus propietarios y la propia web, aumenten de forma considerable.

Desde Baleares insisten en que webs como Airbnb tienen una responsabilidad total sobre estos pisos, siendo los responsables de mantener interconectadas las viviendas en un sistema de registro: "No estamos pidiendo nada exagerado”, subrayan desde el gobierno balear.

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Aplicación de Airbnb en un apartamento turístico en Europa.

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El gobierno autonómico insiste en que no se trata de discutir sobre la legalidad del alquiler vacacional, porque estos ya cuentan con una regulación, sino alrededor de la “responsabilidad jurídica" de webs como Airbnb.

Defienden que estas plataformas son intermediarias, por lo que ante incumplimientos legislativos, ella es la última responsable. Y todo ello porque “estas empresas se están beneficiando"de publicitar una actividad ilegal”, por lo que, defienden desde el gobierno isleño, deberán de aplicarse castigos también a ellas.

Unos castigos que en muchas ocasiones fueron tumbados en el pasado, ya que el Tribunal Supremo eliminó en 2021 una sanción económica de 300.000 euros por parte del Govern de Baleares a Airbnb. "Que alguien publicite algo que un Estado dice que es ilegal parece un poco complicado de justificar”, subrayan. Por ello, reclaman apoyo legal para que las multas no puedan volver a ser tumbadas.