La ciudad de Barcelona se encuentra inmersa en una nueva controversia relacionada con el turismo, tras las recientes declaraciones de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), la patronal de pisos turísticos de la ciudad condal, que ha acusado al Ayuntamiento de actuar con "hipocresía" en su política sobre el alojamiento turístico.
La patronal de pisos turísticos carga contra el ayuntamiento de Barcelona
Apartur, la patronal de los pisos turísticos de Barcelona, tacha de “hipócrita” la actitud del ayuntamiento porque “incentiva la apertura de nuevos hoteles”.
La crítica surge por la intención del consistorio de eliminar los 10.100 pisos turísticos que operan en la ciudad, mientras contempla la posibilidad de flexibilizar la moratoria hotelera para permitir la construcción de nuevos hoteles.
Enrique Alcántara, presidente de Apartur, ha arremetido contra esta postura, argumentando que la promoción de más hoteles, en detrimento de los pisos turísticos, es contradictoria. Según Alcántara, muchos hoteles se han levantado sobre terrenos residenciales, lo que ha contribuido a la desaparición de viviendas. En su defensa de los pisos turísticos, asegura que representan una opción más sostenible y apenas constituyen el 1% del total de viviendas en Barcelona.
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Por su parte, el Ayuntamiento justifica su decisión señalando que el crecimiento de los pisos turísticos ha impactado negativamente en el acceso a la vivienda y ha modificado la estructura social de algunos barrios. El alcalde, Jaume Collboni, ha sostenido la necesidad de regular el sector y ha reiterado que no se concederán nuevas licencias para este tipo de alojamientos.
Los pisos turísticos denunciarán al Ayuntamiento de Barcelona si el veto sigue adelante
La medida ha generado un fuerte rechazo entre los propietarios de pisos turísticos, quienes consideran que sus derechos están siendo vulnerados. Ante esta situación, Apartur ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento y exigirá una compensación económica por las pérdidas derivadas de la supresión de las licencias.
El conflicto también ha alcanzado a la Generalitat de Cataluña, que avaló el decreto que permite la extinción de dichas licencias. Ahora, el nuevo ejecutivo catalán, encabezado por el PSC, deberá decidir si mantiene o revisa esta normativa.
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