El Gobierno de Andorra ha aprobado una nueva ley que prohíbe la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos, como parte de una serie de medidas destinadas a abordar la crisis de la vivienda. Esta legislación, que también incluye la expropiación temporal de pisos vacíos, tiene como objetivo garantizar el acceso a viviendas asequibles para los ciudadanos andorranos.
Edificios en Andorra La Vella.
La medida responde a la creciente preocupación por el acceso a la vivienda, especialmente en el ámbito del alquiler. El incremento del turismo residencial en los últimos años ha reducido la disponibilidad de viviendas y ha aumentado los precios, dificultando que muchos residentes puedan encontrar un hogar adecuado.
Europa regula el mercado inmobiliario
Con esta normativa, Andorra sigue el ejemplo de otros países europeos que han implementado medidas similares para regular el mercado inmobiliario. El objetivo principal, según el Ejecutivo andorrano, es equilibrar el crecimiento económico impulsado por el turismo con la necesidad de asegurar una vivienda digna para todos.
La ley también establece un límite de tres años para las licencias existentes de apartamentos turísticos, con el fin de reducir gradualmente el número de viviendas turística y aumentar la oferta de viviendas para alquiler residencial.
Andorra aprueba la posibilidad de expropiar los pisos vacíos
Otra de las disposiciones destacadas es la posibilidad de expropiar temporalmente pisos vacíos. Se consideran vacíos aquellos que no tienen contrato de suministro eléctrico o que no presentan consumo energético durante dos años.
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Los propietarios podrán optar por reocupar estas viviendas o cederlas al Gobierno para su inclusión en el parque público de viviendas. Si no se ejerce ninguna de estas opciones, el Gobierno podrá ceder la vivienda obligatoriamente por un periodo de cinco años.
Además de estas medidas para regular el mercado inmobiliario, la ley introduce cambios en la normativa de inversión extranjera. Ahora se requerirá una autorización previa para que un inversor extranjero adquiera más del 25% del capital social de una empresa andorrana, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y proteger el tejido productivo local.
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