La Comisión de la Unión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España por el Real Decreto 933/2021 que obliga a alojamientos, plataformas online, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar, conservar y comunicar datos personales de sus clientes a una base de datos centralizada accesible para las autoridades policiales. (Agencias de viajes: la Unión Europea sigue de cerca el RD 933 de Marlaska)
La Unión Europea abre expediente sancionador a España por el Decreto 933
Bruselas considera que el Gobierno ha vulnerado la protección de datos con el registro de viajeros y pide corregir la norma.
La Unión Europea abre expediente sancionador a España por vulnerar la privacidad de los clientes con el Decreto 933.
Bruselas considera que el sistema no se ajusta a la legislación comunitaria de protección de datos en el ámbito policial, ya que obliga a los sujetos afectados a llevar un registro informático con datos "sensible" que deben ser conservados durante tres años desde la finalización del servicio contratado.
El Real Decreto 933 obliga a gestionar información sensible que va en contra de las normas comunitarias
Es precisamente ese volumen y la naturaleza de la información solicitada la que ha generado alerta en los organismos comunitarios. Entre los datos incluidos figuran información identificativa, datos de contacto, residencia habitual, vínculos de parentesco en caso de menores, detalles de la transacción y datos de pago, como el medio utilizado, el titular, el número de tarjeta o IBAN y la fecha de caducidad.
Además, prevé la comunicación telemática de la información a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas desde la reserva, formalización, anulación o inicio del servicio. (Jordi Hereu defiende el Decreto 933: "No ha tenido los defectos que se me explicaron")
Para la Comisión Europea, las categorías de datos recopiladas y almacenadas resultan excesivas, especialmente por la inclusión de información de pago y geolocalización. Bruselas también cuestiona que el acceso de las autoridades policiales no esté suficientemente limitado a finalidades específicas y explícitas, y considera desproporcionado el plazo de conservación de tres años.
El Gobierno tiene dos meses para corregir el Decreto 933
El procedimiento se encuentra en su fase inicial, mediante el envío de una carta de emplazamiento al Gobierno español. Madrid dispone ahora de dos meses para responder y plantear medidas correctoras. Si la contestación no satisface a la Comisión, Bruselas puede emitir un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La decisión comunitaria llega tras meses de tensión entre el Gobierno y distintas organizaciones del sector turístico. Las agencias de viajes, en particular, han advertido de posibles duplicidades, al considerar que parte de la información ya es comunicada por los prestadores finales del servicio, como hoteles o empresas de alquiler de coches. (Interior negociará con agencias de viajes y hoteles "adaptar" el Decreto 933 para que no haya duplicidades)
La Unión Europea da la razón a las patronales de agencias de viajes
Esta batalla contra el Decreto 933 lleva siendo "el pan de cada día" entre las patronales del sector, CEAV, ACAVE, UNAV y FETAVE, quienes han señalado además las dificultades operativas que el sistema genera para muchas pymes del sector.
En concreto Carlos Garrido, presidente de la confederación (CEAV), muestra su alegría por la decisión de Bruselas en una publicación en redes y subraya que la seguridad que argumenta España para aplicar el 933 "es fundamental", pero que "no puede servir como justificación para cualquier medida".
"En un Estado de Derecho, la eficacia, la proporcionalidad y el respeto a la privacidad deben ir siempre de la mano. (...) Ojalá este procedimiento sirva para revisar una regulación que muchos profesionales llevamos tiempo denunciando como excesiva, irresponsable y alejada del sentido común", zanja Garrido.
Temas relacionados