El Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado la normativa aprobada por la Generalitat y el Parlament de Cataluña en 2023, que permite a Barcelona y otros municipios catalanes revocar licencias de pisos turísticos. La decisión supone un respaldo legal a las medidas impulsadas por el gobierno autonómico para regular el mercado del alquiler turístico y "combatir la crisis habitacional en la región", según destaca el ejecutivo regional.
Pisos turísticos: la Justicia avala revocar licencias en Cataluña
El Tribunal Constitucional da luz verde a la Generalitat de Cataluña para que revoque las licencias de pisos turísticos para controlar su auge en la región.
Protesta de un vecino en Barcelona en contra de los pisos turisticos en Cataluña.
El fallo del TC desestima el recurso presentado por el Partido Popular (PP), que argumentaba que la normativa vulneraba el derecho a la propiedad privada y la autonomía municipal. Sin embargo, el tribunal ha considerado que la regulación es "proporcionada" y "no infringe garantías constitucionales".
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde Jaume Collboni ha celebrado la sentencia, calificándola como "una magnífica noticia para el derecho a la vivienda". Esta decisión refuerza el plan municipal de eliminar todas las licencias de pisos turísticos en la ciudad antes de noviembre de 2028, con el objetivo de incorporar 10.000 viviendas al mercado residencial y beneficiar a aproximadamente 25.000 ciudadanos.
Los pisos turísticos se adentran en un marco normativo más estricto
La normativa catalana establece un límite máximo de 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes en 262 municipios afectados por la alta presión turística. Además, fija una duración máxima de cinco años para estas licencias, con posibilidad de prórroga.
A pesar del respaldo judicial, la medida no está exenta de controversia. La patronal Apartur, que representa a los propietarios de viviendas turísticas, ha expresado su rechazo a la normativa y ha anunciado que estudiará posibles acciones legales para proteger los intereses del sector.
Desde la organización argumentan que la revocación de licencias "podría vulnerar derechos de propiedad" y afectar negativamente a la economía local, por lo que no descartan otras vías legales para paralizar la norma de la Generalitat.
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