El Ayuntamiento de Barcelona ha reafirmado su compromiso con la eliminación de los pisos turísticos para el año 2028, a pesar de las recientes críticas emitidas por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia orientada a regular el sector turístico en la ciudad y mejorar la calidad de vida de los residentes, según subraya el consistorio en un comunicado.
Barcelona no rectifica: eliminará todos los pisos turísticos para 2028
A pesar del enfado de la patronal de los pisos turísticos, el ayuntamiento de Barcelona no da el brazo a torcer: eliminará este tipo de alojamiento en 4 años.
Enrique Alcántara, presidente de Apartur, ha estimado que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas de la extinción de los pisos turísticos podrían ascender a 1.000 millones de euros.
Ante esta cifra, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, defendió la postura del consistorio, argumentando que si los beneficios generados por este negocio son tan elevados, la decisión del Ayuntamiento está justificada.
Valls recordó que los pisos turísticos fueron inicialmente autorizados bajo una regulación específica, que requería a los propietarios el pago de una tasa de 227 euros para obtener la licencia.
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Sin embargo, consideró desproporcionadas las actuales demandas de indemnización millonarias, calificándolas de "injustificadas".
Madrid se suma a Barcelona en el cerco contra los pisos turísticos
La medida de suprimir los pisos turísticos busca liberar viviendas para el mercado residencial y disminuir la presión sobre los servicios públicos de la ciudad. Esta iniciativa se inscribe dentro de una política municipal enfocada en equilibrar el impacto del turismo en Barcelona y priorizar las necesidades de los vecinos.
Barcelona no es la única ciudad con este tipo de normativas: en Madrid el ayuntamiento ha aprobado la paralización de nuevas licencias de pisos turísticos. Además, el gobierno regional ha redoblado la normativa poniendo más trabas a los actuales alojamientos turísticos, lo que ha despertado también las críticas de la patronal, Aloja Madrid, que consideran que sin una normativa clara, estas decisiones atentan contra la economía de los madrileños.
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