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Pisos turísticos: Yolanda Díaz propone elevar su IVA al 21%

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, propone aumentar las cargas fiscales de los pisos turísticos y reducir la llegada de cruceros a los puertos.

La coalición política Sumar, formación liderada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado esta semana un plan de reformas centrado en el mercado inmobiliario y turístico en España, con el objetivo de modificar la fiscalidad de los pisos turísticos y "garantizar un mayor acceso a la vivienda".

Entre las propuestas destacadas, se incluye un aumento del IVA aplicado a los pisos turísticos al 21%, así como la eliminación de las deducciones fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para viviendas turísticas en áreas con alta demanda.

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Protesta de un vecino en Barcelona en contra de los pisos turisticos en Cataluña.

Protesta de un vecino en Barcelona en contra de los pisos turisticos en Cataluña.

La coalición propone destinar recursos a las administraciones locales para facilitar el cumplimiento de la normativa y aumentar la fiscalidad sobre los inmuebles no ocupados en zonas tensionadas, elevando la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF durante estos periodos.

Asimismo, se plantea una regulación más estricta de las plataformas de alquiler turístico, obligándolas a proporcionar información que permita garantizar el cumplimiento de la ley.

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Además, la coalición busca extender derechos a los inquilinos que alquilen por temporadas o por habitaciones, equiparando su situación a la de los arrendatarios de larga duración. En este ámbito, también se propone limitar las deducciones fiscales para propietarios de viviendas alquiladas.

Díaz quiere menos vuelos y cruceros

En cuanto a los cruceros, Díaz quiere prorrogar hasta 2025 las subvenciones al transporte público vigentes en 2024, añadiendo un programa público de 'leasing' de vehículos eléctricos.

Además, propone reducir los vuelos domésticos que tengan alternativa de tren de menos de 2 horas y media e implementar una regulación que prohiba la llegada "masiva de megacruceros a los puertos para luchar contra la contaminación, la saturación de los servicios públicos y garantizar el derecho a la ciudad".

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