Renfe no renuncia a crear una empresa de autobuses para prestar servicios alternativos cuando la circulación ferroviaria se vea interrumpida. Aunque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado el concurso con el que la operadora buscaba un socio para poner en marcha esta sociedad, la compañía asegura que adaptará los pliegos de la licitación y volverá a lanzar el procedimiento. (Confebús se planta ante Renfe: rechazo a la creación de una filial de autobuses)
Renfe relanzará su empresa de autobuses tras el revés del Tribunal
La operadora modificará los pliegos del concurso anulado por el TACRC, que dio la razón a las patronales del transporte por carretera.
Renfe tiene como proyecto constituir su propia división de transporte por carretera.
En pocas palabras
- Renfe relanza su proyecto de empresa de autobuses tras la anulación del concurso por el TACRC.
- Las patronales del transporte cuestionaron cláusulas del concurso relativas a la justificación de la sociedad y los requisitos de solvencia.
- La futura empresa busca mejorar la respuesta ante incidencias o obras que afecten la circulación ferroviaria.
La resolución del TACRC estima los recursos presentados por la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), y ordena retrotraer el procedimiento del denominado Acuerdo Marco de Servicio de Transporte Alternativo por Carretera, al detectar que varias cláusulas del concurso no se ajustaban a derecho.
Entre otras cuestiones, las patronales cuestionaban la "falta de justificación de la nueva sociedad, los requisitos de solvencia exigidos, la ausencia de división en lotes, las limitaciones a las agrupaciones de empresas o la falta de transparencia en los costes del contrato".
Pese a ello, Renfe sostiene que el fallo no supone el abandono del proyecto y que "revisará el procedimiento administrativo para adaptarlo a las observaciones realizadas por el Tribunal antes de convocar una nueva licitación".
Renfe defiende el proyecto
La operadora considera que la futura sociedad permitirá mejorar la respuesta cuando el tráfico ferroviario se vea afectado por incidencias o por obras en la infraestructura.
En este sentido, asegura que "no renuncia a la creación de la sociedad participada", ya que la considera "una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte".
Asimismo, insiste en que la empresa "no nace para competir con el sector", sino "para garantizar una capacidad de respuesta suficiente cuando el sistema ferroviario se vea interrumpido", recordando que actualmente es la única operadora ferroviaria que ofrece transporte alternativo a sus viajeros cuando el servicio en tren no puede prestarse.
Las patronales celebran la resolución
Las organizaciones que recurrieron el concurso consideran que el diseño de la licitación favorecía a un reducido grupo de grandes empresas y dejaba fuera a la mayoría del sector, formado principalmente por pymes y autónomos.
En este sentido, defendieron que la resolución supone "una victoria de la legalidad, de la libre competencia y de la supervivencia de las pymes y microempresas españolas", al impedir que, a su juicio, se restringiera el acceso a un contrato valorado en torno a 1.000M€.
Por su parte, Direbús considera que la decisión del Tribunal abre la puerta a una licitación "más equilibrada y competitiva", basada en los principios de igualdad, proporcionalidad y libre concurrencia.
Hasta 300 autobuses para cubrir incidencias
Renfe argumenta que el actual sistema, basado en contrataciones puntuales y de urgencia de autobuses, resulta insuficiente para responder a las necesidades derivadas de las grandes obras ferroviarias previstas en los próximos años.
Según sus estimaciones, podrían ser necesarios hasta 300 autobuses para cubrir los distintos planes alternativos de transporte que se activen en la red, motivo por el que inicialmente optó por exigir un socio con una elevada capacidad operativa, una condición que ahora deberá reformular tras la resolución del TACRC.

