Las principales asociaciones de agencias de viajes de Europa han intensificado su estrategia de presión contra el Real Decreto 933/2021, normativa española en el punto de mira de la Unión Europea (de la Comisión) por su posible vulneración de la legislación comunitaria en materia de protección de datos.
ACAVE se reúne con el grupo popular europeo para tumbar el Decreto 933
La patronal de agencias de viajes ACAVE se une con ECTAA y el PP europeo para coordinar más acciones en el proceso de investigación del Real Decreto 933.
Representantes de ACAVE y de las agencias europeas.
Representantes de la European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA) y de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) se han reunido en Bruselas con los eurodiputados Borja Giménez Larraz y Elena Nevado del Campo, del Grupo Popular Europeo, con el objetivo de coordinar acciones en el marco del proceso de investigación abierto por la Comisión Europea sobre la legalidad del decreto.
El encuentro contó con la participación de Eric Dresin, secretario general de ECTAA, Benoît Chantoin, director legal de la misma entidad, Catiana Tur, gerente de ACAVE y representante del sector español en ECTAA, y Mercè Escofet, asesora jurídica de ACAVE y adjunta a dirección.
El Real Decreto 933 no cumple con la protección de datos comunitaria, según ACAVE
Uno de los primeros pasos acordados ha sido el envío de un informe al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, en el que se detallan las preocupaciones del sector. Las asociaciones denuncian que el decreto exige a las agencias de viajes recopilar datos personales que exceden lo estrictamente necesario, incluyendo información sobre medios de pago, lo que podría contravenir la normativa europea de protección de datos.
Además, se cuestiona la seguridad de las plataformas de recogida y transmisión de datos gestionadas por el Ministerio del Interior, alertando sobre el riesgo de filtraciones o hackeos que podrían comprometer la privacidad de millones de viajeros.
Los impactos negativos en las agencias de viajes continúan
Otro de los puntos analizados en la reunión ha sido el efecto que esta normativa podría tener en la competitividad de las agencias de viajes y tour operadores. La obligación de gestionar y transmitir un alto volumen de datos supone una carga administrativa adicional para las empresas del sector, lo que podría afectar la competitividad de España como destino turístico.
Las asociaciones subrayan que la norma también tendrá consecuencias directas para los viajeros, quienes podrían ver comprometida la privacidad de sus datos personales.
Según el decreto, las agencias de viajes, alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos están obligadas a recopilar y transmitir al Ministerio del Interior más de 40 datos por reserva de alojamiento y más de 60 en el caso del alquiler de vehículos, muchos de ellos de carácter sensible.
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