La Mesa del Turismo de España ha expresado su preocupación ante lo que considera una "tendencia creciente del Gobierno español a actuar al margen de las normas y directrices comunitarias", en referencia a actuaciones como las del Ministerio de Consumo, cuando a principios de año multó a las aerolíneas por cobrar las maletas de mano.
La Mesa del Turismo acusa al Gobierno de estar "al margen de las normas europeas"
La Mesa endurece el tono contra el Ejecutivo y le acusa de "generar fricciones” con la UE por la multa de Consumo a las aerolíneas por cobrar la maleta de mano.
Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo.
Una postura que, según advierte la organización, puede comprometer la competitividad y la estabilidad jurídica del sector turístico nacional.
El presidente de la entidad, Juan Molas, señaló que “la unilateralidad no cabe en el marco europeo”, instando al Ejecutivo a alinear sus políticas con las estrategias comunes de la Unión Europea. En su opinión, remar a contracorriente de los consensos europeos no solo genera incertidumbre, sino que también debilita la posición de España en los órganos de decisión comunitarios.
La Mesa del Turismo acusa al Gobierno de limitar la autonomía de las aerolíneas
Según la Mesa, tras la multa de 179 millones de euros impuesta por el Consumo a las aerolíneas de bajo coste por sobrar el equipaje de mano, Bruselas salió en defensa de las compañías aéreas, dándoles "libertad para fijar sus políticas sobre equipaje de mano".
"La legislación española limita la autonomía de las aerolíneas. (...) El Ejecutivo ha optado por iniciar una oposición estéril, ya que a la postre tendrá que desistir de las leyes que no estén alineadas con las normas que emanan de Europa", subraya la Mesa en un comunicado.
El Real Decreto 933, otra de las luchas de la Mesa del Turismo
No es el único conflicto "por pelear" desde la Mesa: la implantación del nuevo Registro de Viajeros (Real Decreto 933/2021), que obliga a alojamientos, agencias y empresas de alquiler de vehículos a recabar y enviar a la Policía un amplio volumen de datos personales, también ha generado tensiones con Bruselas.
La Comisión Europea defiende que la recopilación de información debe ser mínima y proporcional, en línea con las leyes de protección de datos, mientras que la normativa española impone requisitos más estrictos e incluso de difícil cumplimiento.
Además, el sector sigue a la espera de la Orden Ministerial que desarrolle la aplicación práctica del registro, lo que —según la Mesa del Turismo— agrava la inseguridad jurídica y refuerza la percepción de desconexión entre España y el marco legal europeo. (Carlos Garrido (CEAV): "El Decreto 933 sitúa a las agencias como comisarías")
Ante este panorama, la organización insiste en que la convergencia con Bruselas no es una opción, sino una obligación, recordando que los Estados miembro deben adaptar su legislación nacional a las normas comunitarias. “Ignorar este principio solo puede llevarnos a un progresivo aislamiento”, subraya Molas.
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