El Gobierno de las Islas Canarias ha aprobado esta semana un decreto ley de medidas urgentes que suspende, durante tres años, las sanciones impuestas a propietarios que utilizan pisos turísticos como residencia habitual. La normativa, que busca dar una respuesta transitoria a la controversia sobre los usos en zonas turísticas, permitirá a los afectados regularizar su situación mientras los ayuntamientos avanzan en la especialización de usos en estos espacios.
Las Islas Canarias da luz verde para que los propietarios vivan en los pisos turísticos
El gobierno de las Islas Canarias cambiará la ley que regula los pisos turísticos y blindará a los propietarios que usen las viviendas como residencia habitual.
Piso turistico en la costa de Canarias.
Desde la aprobación de la Ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias, los propietarios de viviendas en zonas turísticas se han enfrentado a un marco normativo restrictivo que impedía la residencialización de estos inmuebles.
La nueva medida, anunciada por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, establece la paralización de procedimientos sancionadores que aún no hayan recibido resolución firme, así como aquellos en proceso de revisión.
¿Qué deben hacer los propietarios de pisos turísticos para beneficiarse de la medida?
Para acogerse a esta suspensión, los propietarios deberán solicitar el cambio de uso al ayuntamiento correspondiente y comunicarlo a la Consejería de Turismo. Este periodo de gracia permitirá a las administraciones locales realizar los ajustes necesarios para definir la compatibilidad entre usos turísticos y residenciales, en consonancia con la Ley de Directrices de 2003.
Además de la suspensión de sanciones, el decreto también deroga el artículo 24 de la ley de 2013, que permitía la sustitución forzosa del propietario en caso de incumplimiento del uso turístico. Esta medida había sido duramente criticada por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que la calificaba como una "expropiación encubierta" debido a su complejidad y falta de proporcionalidad.
Una "solución ante la emergencia habitacional", según el gobierno de las Islas Canarias
La decisión del Gobierno canario responde a una realidad ineludible: 16.000 personas ya están empadronadas en apartamentos turísticos en el archipiélago. La aplicación estricta de la normativa anterior habría agudizado la crisis de acceso a la vivienda, un problema que afecta especialmente a zonas con alta presión turística.
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