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Las Islas Canarias quieren renovar su normativa turística para 2025

El Gobierno de las Islas Canarias quiere renovar la legislación para aupar el turismo sostenible y que los ciudadanos “sufran menos repercusiones”.

El Gobierno de las Islas Canarias ha iniciado un proceso de revisión integral de su legislación turística, con el objetivo de modernizar el marco legal que regula su principal sector económico. La reforma culminará con la actualización de la Ley General de Turismo de 1995, vigente desde hace casi tres décadas, y busca adaptarse a los nuevos desafíos que enfrenta el archipiélago como destino consolidado.

El anuncio fue realizado por el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, tras la celebración del Consejo de Gobierno. Cabello destacó que la nueva regulación pretende ser fruto de un amplio consenso, involucrando a empresarios, sindicatos, colectivos sociales y expertos, en lo que el Ejecutivo denomina el “modo canario” de trabajar: diálogo, participación y compromiso colectivo.

¿Cuáles serán las líneas maestras de la nueva normativa turística de las Islas Canarias?

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha señalado que la nueva ley atenderá de forma prioritaria a la sostenibilidad en sus vertientes económica, social y medioambiental. El texto normativo se ajustará tanto a la singularidad del territorio insular como a las recientes modificaciones del marco legal estatal y autonómico, suprimiendo aquellas rigideces innecesarias o invalidadas por el Tribunal Constitucional.

Manifestacion en contra del turismo de masas en las Islas Canarias.png
Manifestación en contra del turismo de masas en las Islas Canarias.

Manifestación en contra del turismo de masas en las Islas Canarias.

Uno de los aspectos más relevantes será la inclusión de medidas para mitigar el problema habitacional que afecta a los residentes en zonas de alta presión turística. El Ejecutivo ya dio un primer paso en marzo con la aprobación de un decreto ley que permite redefinir el uso turístico del suelo y habilita la reconversión de establecimientos, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda habitual y garantizar seguridad jurídica a los afectados.

La nueva normativa buscará también reforzar la corresponsabilidad de todos los agentes implicados en el desarrollo turístico del archipiélago, fomentando un modelo que priorice la convivencia con la población local y el respeto al entorno, según subraya el ejecutivo autonómico en un comunicado.

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