POLÉMICA

Baleares reduce el número de inspecciones laborales turísticas

El gobierno de Baleares rebaja los inspectores laborales turísticos en las islas que luchaban contra el fraude laboral tras años siendo líder en esta materia.

Las Islas Baleares llevan décadas siendo la comunidad autónoma pionera en la lucha contra el fraude laboral: desde el año 2015 en el que se decidió implementar un calendario especial de controles con la llegada de inspectores de Trabajo de otras comunidades, la región lleva el liderazgo institucional contra las infracciones laborales. O lo llevaba.

Y es que esa política de asedio a los fraudes acaba de dar un giro inesperado después de que el ejecutivo autonómico decidiese eliminar la llegada de 30 inspectores laborales en la temporada alta (de junio a septiembre), según el Diario de Mallorca.

Según este medio, la partida de 400.000 euros destinada a financiar el traslado, alojamiento y costes de manutención de estos funcionarios de otras regiones ha sido eliminada de los presupuestos de 2024 de las Islas Baleares, por lo que quedarán únicamente los inspectores de la propia región para cubrir todo el sector de la hostelería, hotelería, agencias de viajes, turoperadores, guías, etc.

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Camareros en Baleares.

Camareros en Baleares.

La consejería de Empleo, en manos del Partido Popular, justifica la decisión argumentando un “cambio de enfoque hacia la prevención de riesgos laborales”, centrada más en la gestión empresarial y menos en la persecución de las administraciones.

De hecho, el gobierno regional señala que la medida está justificada ya que solo Baleares y Canarias la llevaban a cabo, excluyendo a otras autonomías turísticas como Madrid o Cataluña. Además, recalca que se trata de un "ahorro" sustancial a las arcas de la comunidad, según el citado medio.

Los sindicatos y la oposición estallan contra el gobierno de Baleares

Una decisión que ya ha despertado la crítica de los sindicatos UGT y CCOO, así como de la oposición socialista del PSIB-PSOE.

Todos ellos acusan al gobierno de la presidenta Marga Prohens de enviar un "mensaje peligroso”, dando la imagen de que, a partir de ahora, "habrá impunidad para los empresarios que exploten a sus empleados con cargas de trabajo excesivas o contrataciones fraudulentas”, ya que no habrá tantos inspectores como antes.

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