Nuevo caso de fraude fiscal en el sector turístico: la Audiencia Provincial de Almería condenó esta semana al empresario hotelero Miguel Rifá, propietario de la cadena de hoteles Citymar, a 22 años y cinco meses de prisión por vaciar patrimonialmente sus sociedades turísticas para evitar pagar los impuestos que le correspondían a Hacienda.
SENTENCIA
Fraude: cárcel para un hotelero que defraudó 88M€ a Hacienda
La Justicia condena a 22 años de cárcel al hotelero Miguel Rifá por vaciar sus sociedades para esquivar a la Hacienda pública.
La Justicia considera al empresario culpable del delito de fraude a la Agencia Tributaria por más de 88 millones de euros, tras verse también probado el uso de paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos mediante una compleja trama societaria.
Según adelanta Europa Press, el Tribunal dictaminó que el empresario cometió un total de seis delitos fiscales, entre ellos el de alzamiento de bienes, en muchos casos en grado de tentativa, durante los ejercicios fiscales de 2008, 2010 y 2011.
La condena establece que Rifá debe indemnizar a la Agencia Tributaria con más de 88 millones de euros y enfrentarse a multas que superan los 34,9 millones de euros. Y en algunos casos, deberá abordar estas cuantías de manera conjunta y solidaria con su socio y coacusado.
El modus operandi diseñado por Rifá involucraba la transferencia de bienes entre sociedades del grupo, la emisión de participaciones, la venta de estas participaciones a terceras sociedades del mismo grupo y la solicitud de aplazamientos de deudas tributarias con garantías sobrevaloradas, según señala EP.
Un fraude que buscaba distraer a la Agencia Tributaria
Estas acciones tenían como resultado la desposesión de las sociedades deudoras de sus activos, mientras los inmuebles pasaban a sociedades relacionadas e interconectadas con paraísos fiscales, en última instancia controladas por Miguel Rifá, según la sentencia. La sentencia destaca que los pagarés emitidos como parte del plan nunca se hicieron efectivos, ya que se crearon sin intención real de servir como instrumentos de pago.
Este complejo entramado defraudatorio buscaba distraer y retrasar la acción de la Agencia Tributaria, aumentando la deuda tributaria en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales.
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