El proceso para adaptar a España la nueva normativa europea de viajes combinados ha comenzado oficialmente. Así lo ha trasladado el El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha abierto la consulta pública previa del anteproyecto que incorporará al ordenamiento nacional la Directiva (UE) 2026/1024. (La Justicia obliga a Airbnb a pagar la multa de 64M€ de Consumo)
Consumo abre a consulta pública la ley de viajes combinados
El Ministerio invita al sector turístico a formular observaciones a la ley de viajes combinados de la Unión Europea, especialmente a las agencias de viajes.
Pablo Bustinduy, ministro de derechos sociales y Consumo del Gobierno de España.
En pocas palabras
- Consumo abre consulta: El Ministerio de Derechos Sociales ha iniciado un proceso para adaptar la normativa europea de viajes combinados a España.
- Plazo y participación: Las observaciones se podrán enviar al Ministerio hasta el 31 de julio, mientras que UNAV y FETAVE solicitan aportaciones a sus asociados antes del 23 de julio.
- Novedades clave: La futura ley abordará la desaparición de los servicios de viaje vinculados y la protección de los organizadores ante cancelaciones de proveedores.
Resumen generado por Thinkindot AI
La norma fue aprobada para "corregir algunas de las deficiencias detectadas durante la pandemia y actualizar las reglas aplicables a la contratación turística digital", según el ejecutivo comunitario.
La consulta pública de Consumo estará disponible hasta el 31 de julio
La Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) han trasladado la apertura del procedimiento a sus asociados y les han solicitado que remitan antes del 23 de julio sus comentarios, dudas y principales preocupaciones. Las organizaciones estudiarán las aportaciones recibidas con vistas a articular una posición conjunta del sector.
El calendario interno establecido por ambas entidades es anterior al plazo oficial de participación. Empresas, asociaciones y ciudadanos podrán enviar sus observaciones al Ministerio hasta el próximo 31 de julio.
La Administración busca conocer su opinión sobre los problemas que debe resolver la iniciativa, la conveniencia de aprobarla, sus objetivos y las posibles alternativas regulatorias. (UNAV mantiene su preocupación tras la aprobación de la revisión de la directiva de viajes combinados)
UNAV subraya que esta primera fase solo permite "identificar las consecuencias de la transposición para las agencias de viajes
UNAV y FETAVE han precisado que esta primera fase no permite todavía plantear enmiendas concretas, puesto que aún no existe un articulado sobre el que formular alegaciones. El propósito es identificar desde el comienzo las consecuencias que puede tener la transposición para las agencias de viajes, especialmente para las microempresas y pymes que componen buena parte del tejido empresarial del sector.
Uno de los cambios centrales será la desaparición de los servicios de viaje vinculados, una figura cuya aplicación ha generado dudas sobre la frontera entre estos productos, los viajes combinados y los servicios contratados de forma independiente. La futura ley también deberá modificar la definición de viaje combinado para adaptarla a los procesos de reserva por internet y a la transmisión de datos entre diferentes operadores.
La reforma aborda asimismo uno de los principales problemas sufridos por las agencias durante la crisis sanitaria: la obligación de devolver al cliente cantidades que todavía no habían sido reembolsadas por aerolíneas, hoteles u otros proveedores. (Agencias de viajes: claves de la nueva directiva de viajes combinados)
¿Cuáles son las novedades de la ley de viajes combinados de la Unión Europea?
La directiva reconoce el derecho del organizador a recuperar esos pagos en un máximo de siete días cuando el prestador cancele o no ejecute el servicio, de forma que pueda reintegrar el dinero al viajero dentro del plazo general de 14 días.
También se regularán los bonos ofrecidos como alternativa al reembolso. Su aceptación deberá ser voluntaria, estarán protegidos frente a una eventual insolvencia y tendrán una vigencia ordinaria de 12 meses. El consumidor conservará la posibilidad de rechazarlos y solicitar la devolución económica, mientras que las cantidades no utilizadas deberán reintegrarse cuando finalice su periodo de validez.
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