La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado duramente el nuevo sistema de cánones ferroviarios propuesto por Adif.
La CNMC exige a Adif que corrija su modelo de cánones por favorecer a Renfe
La entidad reguladora califica de “discriminatorias” las bonificaciones que benefician a servicios donde solo opera la compañía pública Renfe.
Sede de la CNMC en Madrid.
En una resolución publicada este viernes, la entidad reguladora señala que las bonificaciones fijadas por el gestor de infraestructuras benefician a Renfe en detrimento de operadores privados como Ouigo e Iryo, y exige que se revise el modelo para garantizar una competencia equitativa en el mercado.
Trenes transversales y sin parada en Madrid, bonificados
Según publica El Economista, la CNMC advierte de que las altas bonificaciones aplicadas a los servicios VL2 y VL3 (trenes de ancho variable o transversales que no pasan por Madrid) generan una ventaja competitiva injusta. Estos servicios solo son prestados por Renfe, ya que sus rivales no disponen de trenes adaptados a ese tipo de trayectos.
Competencia pone en duda que los descuentos estén sirviendo para incentivar el tráfico, ya que se aplican a servicios con menor demanda, mientras que los trenes de alta velocidad que sí compiten en igualdad de condiciones, como los VL1, quedan en desventaja pese a su crecimiento en pasajeros. (La CNMC ajusta los cánones ferroviarios para sostener la competencia entre Renfe, Ouigo e Iryo).
El regulador también reprocha a Adif no haber justificado adecuadamente los valores utilizados para calcular las bonificaciones, a pesar de haber recibido requerimientos explícitos en ese sentido. Por ello, exige una revisión del modelo que tenga en cuenta criterios objetivos y equilibrados.
La CNMC enfrentada a Adif por unos costes opacos por valor de 375M
La CNMC cuestiona además la inclusión de una partida de “sostenibilidad económica” en el cálculo de los costes recuperables mediante cánones, por valor de 375,4 millones de euros. Adif ha indicado que responde a convenios con el Ministerio de Transportes, pero el regulador señala falta de transparencia y advierte de que no se ha demostrado su legalidad.